“Hoy nuestro país vuelve a hacer historia”. Con estas palabras, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este martes la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin reducción salarial. Una medida fruto del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT que deberá volver a aprobarse en una segunda vuelta en el Consejo de Ministros como proyecto de ley, para así poder continuar con su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
En este sentido, tras superar las diferencias entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía sobre la aplicación de esta medida, Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, titulares de ambas carteras, han coincidido en que la reducción de la jornada laboral no solo supone un avance significativo en los derechos de los trabajadores, sino que, además, constituye un paso crucial hacia la modernización del mercado laboral español.
“No se trata de una norma más”, ha remarcado la vicepresidenta, recordando que esta medida, que beneficiará a 12 millones de “trabajadores y trabajadoras”, forma parte de “un proyecto de país” que busca mejorar la vida de las personas, entendiendo que “el trabajo es un medio, no una mercancía”. Además, Díaz ha insistido en que la reducción de la jornada laboral permitirá incrementar la productividad y reducir el absentismo, argumentando que “no se trata de echar horas en el trabajo, sino de ser eficientes”.
Díaz confía en que el PP apoye la reducción de jornada laboral
Al ser interrogada por los periodistas sobre la compleja tramitación parlamentaria que enfrentará la medida, debido a la falta de una mayoría absoluta por parte del Gobierno, Díaz ha optado por evitar un enfrentamiento directo con Junts, colocando el foco sobre el Partido Popular. “La pregunta que me hago es si el Partido Popular va a utilizar y aprovechar este cambio histórico para reconciliarse con los trabajadores de su país, porque sus votantes también quieren ver reducida la jornada laboral, o van a cometer el mismo error que cometieron con la reforma laboral”, ha cuestionado la ministra, remarcando que “cuando una medida está ganada en la calle” es “muy difícil buscar razones para tumbarla”.
En este sentido, Díaz ha sostenido que el verdadero problema que enfrenta España es que el PP lleva a cabo una oposición “absolutamente destructiva, que no aporta nada a su país”. “Son los del no, por no decir el vodevil que hemos visto la semana pasada”, ha agregado, aludiendo a la decisión de los populares de apoyar el nuevo decreto ‘omnibus’ tras haber rechazado el texto inicial propuesto por el Gobierno.
No obstante, tanto Díaz como la ministra portavoz, Pilar Alegría, y el titular de Economía, Carlos Cuerpo, han expresado su confianza en que la medida saldrá adelante, asegurando que, aunque son conscientes de que no será una tarea “fácil”, negociarán con discreción y sin “líneas rojas” con todos los grupos parlamentarios, excepto con Vox, para así poder alcanzar un acuerdo lo antes posible.
La reformulación del registro horario y el incremento de las sanciones
Junto a la reducción de jornada, el texto introduce una reformulación del registro horario, que se modernizará con herramientas digitales para que la Inspección de Trabajo pueda acceder de forma online en cualquier momento. “Esta es la gran medida estrella de la reducción de la jornada laboral en un país que echa horas de más, que echa una barbaridad de horas extraordinarias sin retribuir”, ha afirmado la ministra, explicando que el nuevo modelo de registro estará operativo en un plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la ley.
Asimismo, otro de los pilares del anteproyecto a los que se ha referido Díaz es el reconocimiento del derecho irrenunciable a la desconexión digital. “Ningún trabajador o trabajadora va a tener que responder a un mail, a una llamada, ni siquiera de un ministro o ministra, porque sé que lo hacemos, fuera de su jornada laboral”, ha afirmado la vicepresidenta, defendiendo un mayor equilibrio entre la vida personal y profesional de los trabajadores.
Por último, el escrito también incluye un endurecimiento de las sanciones para las empresas que incumplan la reducción de jornada o el registro horario, con multas de hasta 10.000 euros por cada trabajador afectado. Este cambio implica un incremento notable en las penalizaciones, ya que, en lugar de una sanción global, se multará a la empresa por cada infracción individual, además de aumentar el importe máximo de las multas de 7.500 a 10.000 euros según el nivel de gravedad.