martes, febrero 4, 2025
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Sánchez refuerza su control territorial convirtiendo a cinco de sus ministros en candidatos a las elecciones autonómicas de 2027

Con la formalización del liderazgo de López y Morant, el presidente del Gobierno culmina su estrategia de renovación del PSOE

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Tras la celebración de los Congresos Regionales del PSOE en Madrid y Valencia el pasado fin de semana, ya son oficialmente cinco los ministros del Gobierno de Sánchez que competirán por la presidencia de sus respectivas comunidades en las elecciones autonómicas de 2027. Una estrategia de renovación, orquestada desde La Moncloa, que ha sido interpretada por algunos analistas como una maniobra para reforzar el control territorial de Ferraz y reducir la influencia de voces disidentes.

En concreto, compaginan su cargo en el Consejo de Ministros con su liderazgo autonómico: Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, en Madrid; Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, en Valencia; Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, en Canarias; Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, en Aragón; y María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, en Andalucía. Todo ello sin olvidar el liderazgo de Francina Armengol en Baleares, quien no ocupa un cargo ministerial, pero ejerce como presidenta del Congreso de los Diputados.

De esta manera, Sánchez confía en sus colaboradores más leales para recuperar las constantes vitales de un partido que quedó gravemente debilitado tras el batacazo que protagonizó el Partido Popular en las elecciones autonómicas de 2023, mientras utiliza el Consejo de Ministros como plataforma para amplificar los mensajes del PSOE a nivel regional y proyectar una imagen cohesionada del partido ante la opinión pública.

En este sentido, no sería la primera vez que el PSOE emplea La Moncloa como trampolín de candidatos, dado que en la anterior legislatura fueron Reyes Maroto y Carolina Darias quienes saltaron del Consejo de Ministros a liderar las candidaturas municipales en Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, respectivamente. Al igual que sucedió con José Montilla, quien fue ministro de Industria, Turismo y Comercio durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero entre abril de 2004 y noviembre de 2006, cuando fue designado candidato socialista a la Generalitat de Cataluña.

No obstante, esta vez, el despliegue masivo de ministros en territorios como Madrid, Andalucía o Aragón denota un intento desesperado por sofocar cualquier tipo de discrepancia dentro de las filas del partido, ya que, si bien es cierto que bajo el liderazgo de Sánchez el PSOE ha funcionado de una manera bastante jerárquica, en el último tiempo ha emergido una oposición interna mucho más contundente de la mano de figuras clave como Lambán, Gallardo, García-Page, Lobato, Espadas y Tudanca, especialmente en relación al acuerdo alcanzado con ERC sobre el cupo catalán.

Se trata, por tanto, de una interpretación de los hechos que coincide con las críticas formuladas por el portavoz nacional y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, quien hace casi un mes calificó como “deleznable” que el presidente del Gobierno sitúe a sus ministros como líderes autonómicos. “Es razonable pensar que quien va a ser candidato a presidir una comunidad autónoma y va a ser rival de los presidentes autonómicos actuales utilizará todos los resortes del poder y todos los resortes de su ministerio en beneficio propio, político y electoral”, afirmó Sémper, sugiriendo que a Sánchez le gusta mucho más hacer oposición al PP que comandar el Ejecutivo central.

Sin embargo, el entorno más próximo al presidente del Gobierno sostiene que el papel que ejercen López, Morant, Torres, Alegría y Montero dentro del Ejecutivo les proporciona una perspectiva amplia y cercana a la realidad social que los convierte en los candidatos ideales para encabezar la oposición en sus respectivas comunidades. Un argumento que, más allá de minimizar las críticas por la falta de primarias, el conflicto de intereses y la posible utilización partidista de los recursos del Estado, pretende negar una táctica arriesgada que solo el tiempo dirá si se traduce en victorias electorales o en un desgaste irreversible para el PSOE en términos de credibilidad y transparencia.

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