La Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) ha detectado irregularidades en la adjudicación de un contrato menor por parte del Gobierno andaluz a Caminos de Andalucía S.L., empresa vinculada al cantante José Manuel Soto. La investigación concluye que la contratación careció de la transparencia necesaria, se otorgó sin concurrencia competitiva y se adjudicó a una sociedad sin la solvencia técnica adecuada para ejecutar el proyecto.
Un contrato hecho a medida
El contrato, valorado en 14.762 euros, formaba parte del proyecto «Caminos del Rocío», promovido por el propio José Manuel Soto y financiado con dinero público. La Oficina Antifraude considera que la empresa adjudicataria no reunía las condiciones necesarias para asumir la gestión del proyecto en el momento de la concesión.
Cuando se le adjudicó el contrato, Caminos de Andalucía S.L. solo tenía registrado en su objeto social la «promoción y organización de actividades artísticas y musicales», una actividad ajena a las funciones exigidas en el contrato, que incluían planimetría, diseño y gestión de caminos. De hecho, casi un año después de la firma del contrato, la empresa modificó su objeto social para incluir la «gestión y fomento del patrimonio cultural», pero la Oficina Antifraude considera que esta modificación no solventa la falta de solvencia técnica.
Este hecho, según la OAAF, refuerza las sospechas de un trato de favor por parte del Gobierno andaluz, ya que todo indica que el contrato fue diseñado específicamente para que recayera en la empresa vinculada a Soto.
La Oficina Antifraude pide la anulación del contrato
Dada la gravedad de las irregularidades detectadas, la OAAF ha solicitado a la Junta de Andalucía que inicie un procedimiento de revisión de oficio para anular el contrato. La administración andaluza tiene un plazo de seis meses para informar sobre la resolución adoptada.
Por su parte, el grupo parlamentario Por Andalucía ha exigido dimisiones y responsabilidades políticas, calificando el caso como «una concesión arbitraria y sin garantías». Desde la coalición de izquierdas denuncian que el contrato se adjudicó sin que existiera una competencia real entre empresas y sin criterios objetivos de evaluación.
Opacidad en el acceso a la documentación
A las sospechas sobre el contrato se suma la denuncia de falta de transparencia en el acceso a los expedientes del proyecto «Senderos del Rocío», también vinculado a José Manuel Soto. Los diputados de Por Andalucía han dirigido un escrito de amparo al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, denunciando que la Junta ha puesto trabas para acceder a la documentación.
Según el grupo parlamentario, sus representantes José Manuel Gómez Jurado y Esperanza Gómez Corona han encontrado serias dificultades para consultar los expedientes, lo que supone un obstáculo al ejercicio de sus funciones de fiscalización. Alegan que el Gobierno andaluz incumple el reglamento del Parlamento y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que garantiza el acceso a la información pública a los diputados.
José Manuel Soto devuelve 30.000 euros por gastos irregulares
El escándalo no se queda solo en la adjudicación del contrato. Por Andalucía ha revelado que José Manuel Soto ha tenido que devolver 30.000 euros a la Junta de Andalucía tras detectar que las facturas presentadas no se ajustaban al objeto de la subvención concedida para la promoción de los caminos del Rocío.
Este reintegro se suma a la resolución de la Oficina Antifraude, que advierte de irregularidades graves en el contrato menor adjudicado a Caminos de Andalucía S.L.. La OAAF ha determinado que la empresa carecía de capacidad legal y técnica para la ejecución del contrato, por lo que ha instado a la administración autonómica a anular la adjudicación.
Un «chiringuito» a costa del dinero público
El parlamentario José Manuel Gómez Jurado, de Por Andalucía, ha calificado el caso como «un chiringuito montado en honor y gloria de José Manuel Soto» y ha tachado la adjudicación de «caso burdo de corrupción». Según sus cálculos, la contratación irregular y las subvenciones nominativas concedidas al cantante han supuesto un gasto de más de medio millón de euros para las arcas públicas.
Desde Por Andalucía han exigido a la Junta de Andalucía que se depuren responsabilidades políticas y que se garantice el acceso inmediato a la documentación para esclarecer el destino del dinero público. Según la formación de izquierdas, la gestión de estos fondos plantea serias dudas sobre su legalidad y representa un caso flagrante de falta de control en la concesión de subvenciones y contratos públicos.
Este escándalo pone en el punto de mira la gestión de los fondos públicos por parte del Gobierno andaluz, en especial en lo que respecta a las subvenciones concedidas a dedo y sin concurrencia competitiva. La resolución de la Oficina Antifraude y la devolución de dinero por parte de José Manuel Soto alimentan las sospechas de corrupción y refuerzan las exigencias de transparencia y rendición de cuentas por parte de la oposición.