En un debate marcado por la confrontación política y las acusaciones cruzadas entre los distintos grupos parlamentarios, la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, con los votos de PP y Vox, una Proposición No de Ley (PNL) en la que se insta al Gobierno central a derogar la Ley de Memoria Democrática y a restituir públicamente la Transición y la Constitución como el origen del sistema democrático en España. Un texto presentado por el Grupo Parlamentario Popular, que además solicita que la Comunidad de Madrid no participe en los actos organizados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con motivo del 50 aniversario del fallecimiento de Francisco Franco, al considerar que dichas conmemoraciones no buscan homenajear a las víctimas de la dictadura, sino “dividir artificialmente a los españoles en dos bandos irreconciliables” y reavivar “el guerracivilismo” como estrategia política.
Así lo explicó el diputado del PP Rafael Núñez, encargado de defender la propuesta en el Pleno, quien además ha asegurado que el Ejecutivo de Sánchez cae en un “pensamiento infantil” al intentar presentar la muerte de Franco como el inicio inmediato de la democracia en España, ignorando los procesos políticos que realmente marcaron la transición, como la llegada de Juan Carlos I a la Jefatura del Estado, la aprobación de la Ley para la Reforma Política, las primeras elecciones democráticas, los Pactos de la Moncloa y la Constitución de 1978. En este sentido, el parlamentario popular ha insistido en que el PSOE basa su estrategia en la confrontación y en la “división emocional” de los ciudadanos, con el único objetivo de obtener “rentabilidad electoral”.
Por su parte, el diputado de Vox, José Antonio Fúster, ha mostrado su apoyo a la propuesta del PP, aunque no ha dudado en señalar la falta de determinación de los populares a la hora de promover la derogación de la Ley de Memoria Histórica en otras comunidades autónomas donde también gobiernan. En particular, Fúster ha criticado la reciente alianza de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, con el PSOE para rechazar la derogación de dicha normativa, y ha cuestionado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, se haya negado a aprobar una ley de reconciliación propuesta por su partido, a pesar de haberse comprometido a ello en 2019. Además, el diputado ha acusado a los populares de tratar de integrarse en el “consenso progre” y les ha reprochado que nunca hayan presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para derogar la legislación en cuestión.
Desde la oposición, en cambio, tanto el PSOE como Más Madrid han votado en contra de la propuesta y han acusado al PP de utilizar el debate sobre la memoria democrática para “blanquear el franquismo”. Bajo este contexto, la diputada socialista Marta Bernardo ha defendido la Ley de Memoria Democrática como un instrumento esencial para el reconocimiento y reparación de las víctimas de la dictadura, acusando al PP de ponerse “nerviosos” cada vez que se debate sobre la represión franquista. Asimismo, Bernardo ha defendido los actos conmemorativos organizados por el Gobierno de Sánchez y ha preguntado a los populares qué aspectos de la ley rechazan exactamente, cuestionando si se oponen a la ilegalización del régimen franquista, a la retirada de simbología del franquismo o a la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de exiliados.
En la misma línea, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha rechazado frontalmente la supuesta “concordia” que defiende el PP, considerándola incompatible con hechos como la destrucción de la placa en homenaje a los 3.000 fusilados en el cementerio de la Almudena. Además, ha acusado a los populares de ser “una excepción en Europa” por su falta de compromiso antifascista y les ha preguntado directamente en qué bando se sitúan, si en el de “los militantes de la libertad o en el de los represores”.
No obstante, pese a las críticas de la oposición, el documento aprobado por la Asamblea de Madrid, con 78 votos a favor del PP y Vox frente a 52 votos en contra del PSOE y Más Madrid, sostiene que la Ley de Memoria Democrática no solo distorsiona la verdad histórica y deslegitima el proceso de la Transición, sino que además busca comprometer la figura de la Corona y dividir a la sociedad española en función de la adscripción política de padres y abuelos. Un intento por establecer una relación de causa-efecto entre la muerte de Franco y la llegada de la democracia que los populares rechazan, insistiendo en que el actual sistema democrático no surgió espontáneamente el 20 de noviembre de 1975, sino que fue el resultado de un proceso de consenso entre todas las fuerzas políticas de la época, que culminó con la aprobación de la Constitución en 1978.
De modo que, con la aprobación de esta PNL, el PP de Madrid refuerza su postura crítica hacia la Ley de Memoria Democrática y expresa su rechazo a los actos organizados por el Gobierno de Sánchez con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco, alegando que estas conmemoraciones presentan un marcado sesgo ideológico y no contribuyen a la reconciliación y convivencia social. Sin embargo, al tratarse de una PNL, su impacto es meramente simbólico, ya que la derogación de la norma depende del Congreso de los Diputados, donde actualmente no existe una mayoría parlamentaria favorable a su eliminación.