Para seguir avanzando en la investigación del ‘Caso Pegasus‘, y determinar quién o quiénes infectaron los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros del Ejecutivo, el juez instructor de la causa en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha pedido más información a Francia y ha vuelto a reclamar la colaboración de Israel, país al que pertenece NSO Group, la empresa fabricante del software espía.
En un auto del que ha tenido conocimiento ESTRELLA DIGITAL, Calama considera que la información facilitada por Francia hasta el momento ha sido insuficiente y que las autoridades judiciales israelíes deberían remitirle la información que tienen sobre NSO Group, la tecnológica israelí cuyo software espía, llamado Pegasus, permite la vigilancia remota de teléfonos inteligentes.
De ahí que, por una parte, haya acordado emitir una orden europea de investigación (que posibilita la obtención de pruebas penales transfronterizas en la Unión Europea) dirigida al Tribunal Judicial de París; y, por otra, emitir también una nueva comisión rogatoria (comunicación dirigida a un juzgado o tribunal extranjero en solicitud de auxilio judicial para obtener información o pruebas) a las autoridades judiciales de Israel.
Qué pide el juez Calama a Francia y a Israel
En la orden europea de investigación, el juez Calama solicita al Tribunal Judicial de París (y más concretamente al vicepresidente de la División Económica y Financiera, encargado de la investigación por la infección llevada a cabo con el programa informático Pegasus) información más amplia sobre el contenido que NSO Group les facilitó sobre el control interno de dicho software, así como un detalle más amplio sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas Informáticos (ANSSI).
Y en la comisión rogatoria, Calama pide a las autoridades judiciales de Israel que le faciliten la información que éstas solicitaron a NSO Group, así como la declaración testifical de su director ejecutivo, con el fin de poder identificar a los autores de los hechos.
Calama ha acordado estas diligencias en el marco del conocido como ‘Caso Pegasus’, la investigación abierta a raíz de la infección que ese software espía de origen israelí efectuó en los dispositivos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente.
El CNI hace constar en un informe que la información que facilitó Francia «no aporta novedades» sobre los datos que pudieron extraerse de los teléfonos infectados por Pegasus
En su auto, el instructor explica que los informes emitidos por el Centro Criptológico Nacional (CCN) ponen de manifiesto que el análisis de la información facilitada por las autoridades judiciales de Francia no aporta ninguna novedad sobre los datos que han podido ser extraídos de los teléfonos infectados, ya que el código dañino no deja registros de actividad en el sistema más allá de la cantidad de datos extraída y enviada a sus servidores de mando y control.
«Es, por tanto, técnicamente imposible afirmar nada sobre la naturaleza de la información a la que hayan podido tener acceso los atacantes», se hace constar en los informes del CCN, organismo dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Asimismo, expresan que «el uso de software de tipo spyware comercial hace prácticamente imposible la atribución e identificación del actor de la amenaza causante del ataque por medios técnicos, más allá de la coincidencia de parte de la infraestructura utilizada y el uso de un correo electrónico concreto para atacar los dispositivos objeto de estas actuaciones y los analizados por las autoridades francesas».
«Con tales premisas -indica el auto-, los informes del CNI concluyen que resulta imposible precisar relación alguna o vinculación de las infiltraciones a los teléfonos móviles objeto de la investigación judicial en Francia con la de los dispositivos móviles objeto de investigación en la presente causa».
«Israel debería dar cumplimiento a las diligencias interesadas o bien a exteriorizar las razones de su negativa»
Por otro lado, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro ha enviado una nueva comisión rogatoria a Israel con el fin de que facilite la información requerida en una primera comisión rogatoria enviada en mayo de 2022, una posterior ampliación y un recordatorio que no han obtenido respuesta de las autoridades de aquel país.
Calama considera que resulta «imprescindible» para determinar la identidad de los autores de los hechos que Israel facilite la información requerida a la mercantil NSO Group y la declaración testifical de su director ejecutivo, quien se encuentra en territorio israelí.
El instructor indica que, en cumplimiento de los Convenios, Protocolos y Acuerdos vigentes en materia de asistencia penal, Israel debería dar cumplimiento a las diligencias interesadas o bien a exteriorizar las razones de su negativa.