La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que el Parlamento Europeo va a investigar la situación del Estado de derecho en España por la “ley Begoña” y por la “falta de independencia” del fiscal general del Estado. Un anuncio que responde a la decisión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de introducir por vía de urgencia dos peticiones ciudadanas que llevarán a análisis por parte de los eurodiputados en la sesiones de la comisión del 16 y 17 de marzo.
“Les anuncio que el Parlamento Europeo ha decidido investigar la situación del Estado de derecho en España a raíz de los casos más sangrantes que han ocurrido: la ‘ley Begoña’ para socorrer a familiares en apuros, la libertad de los medios de comunicación para denunciarlo y la falta de independencia del fiscal general, imputado por su participación en una operación de Estado contra un rival político”, ha señalado la presidenta durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid.
Bajo este contexto, Ayuso ha expresado su alegría por el “paso adelante” que ha dado Europa en defensa de la democracia española. “Las instituciones europeas también tienen que saber que el Gobierno está intentando retorcer las instituciones, el Poder Judicial, intentando manosear el Supremo, sus salas, intentando que el Constitucional sea una sala de casación, es decir, que el Gobierno siempre quede impune porque siempre están ustedes por arriba para salvarles y para amnistiarles de los ERE de Andalucía, del ‘procés’ o del pobre fiscal, que ahora va de víctima y necesita que le vuelvan a indultar, como todas las personas que le rodean”, ha añadido.
Dos peticiones ciudadanas admitidas por vía de urgencia
En concreto, la primera petición ciudadana, registrada el 23 de enero de 2025, sostiene que la “Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”, popularmente conocida como ‘ley Begoña’, responde de forma “ad hoc” a las investigaciones judiciales en curso relacionadas con familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que pretende limitar significativamente la acción popular e incluir una nueva causa de recusación de jueces por motivos “políticos”.
Asimismo, la denuncia subraya que la denominada ‘ley Begoña’ permite al Ejecutivo blindarse de investigaciones judiciales, dejando el control del Poder Judicial en manos de un “fiscal general cuya independencia está en entredicho y que enfrenta una causa penal por abuso de su cargo”.
Por su parte, la segunda petición ciudadana, registrada ese mismo día, pone el foco en los efectos de la reforma de la acción popular, al considerar que limita drásticamente la participación ciudadana en la Justicia, restringiéndola a ciertos delitos y arrebatando a partidos políticos, asociaciones y entidades jurídicas la posibilidad de personarse en determinados casos.
Además, recuerda que la norma introduce una nueva causa de abstención que obliga a los jueces a apartarse de los procedimientos si han expresado opiniones críticas o si han participado en actos relacionados con las instituciones o sus representantes. Una cuestión que, según remarca el peticionario, supone un ataque a la libertad de expresión que podría derivar en una “persecución ideológica” dentro del Poder Judicial.
En consecuencia, ambas solicitudes –defendidas en la Comisión de Peticiones por la eurodiputada del PP Dolors Montserrat– exigen al Parlamento Europeo que la Comisión Europea investigue si la ley en cuestión infringe el derecho comunitario (en particular, los artículos 2 y 19 TUE), la jurisprudencia del TJUE y las recomendaciones de la Comisión Europea y del GRECO, además de solicitar que se remita la petición a las comisiones de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Asuntos Jurídicos y Asuntos Constitucionales para su seguimiento.