La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una investigación a través de denuncias en las correspondientes unidades de la Guardia Civil con el objetivo de localizar a los autores de la vandalización de siete radares ubicados en diferentes carreteras convencionales.
Son dos en la Comunidad de Madrid, dos en Castilla-La Mancha, dos en Castilla y León y uno en la Comunidad Valenciana, por lo que se emprenderán así acciones legales contra ellos.
Tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como los de Seguridad Ciudadana reforzarán la vigilancia en los puntos en los que están instalados los radares para evitar que se produzcan este tipo de actos. Además, se han colocado cámaras de vigilancia en los mismos directamente conectadas con los Centros de Gestión de la DGT con el fin de detectar posibles sabotajes y permitir la actuación inmediata de las patrullas de la Guardia Civil.
La DGT recuerdo que estos actos vandálicos, además del delito en sí mismo de atentar contra un bien público, afectan también a la seguridad vial que es el fin último que persiguen los puntos de control de velocidad que están ubicados por toda la geografía española.
Delito de daños y coste económico
La vandalización de radares es constitutiva de un delito de daños tipificado en el Código Penal en sus artículos 263 a 267 en los que se contemplan una serie de acciones que provocan un menoscabo en el valor patrimonial de la propiedad ajena y cuyo bien jurídico protegido es el patrimonio.
Concretamente, el artículo 263.2 establece un tipo agravado del delito de daños que prevé pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses, que se comete cuando concurren las siguientes circunstancias, indicativas de la intención del autor de causar un perjuicio más grave: “Cuando los daños tengan por objetivo impedir el libre ejercicio de la autoridad o se realicen como consecuencia de las acciones ejecutadas por la autoridad en el ejercicio de sus funciones. También cuando se cometan contra funcionarios públicos, o contra particulares que, como testigos o de cualquier otra forma, hayan contribuido o puedan hacerlo en la ejecución o aplicación de las leyes”.
Los autores de los hechos deberán también responder por el coste económico de cada punto de control que, en el caso de los radares fijos asciende a unos 67.000 euros y en el de los de tramo a unos 66.000 euros.
Instrumentos al servicio de la seguridad del ciudadano
La literatura especializada en materia de velocidad estima que entre el 10 y el 15% de todos los accidentes de tráfico y el 30% de los siniestros viales mortales son el resultado directo de una velocidad excesiva o inapropiada de acuerdo con el Informe temático sobre seguridad vial dedicado a la
velocidad publicado por el Observatorio Europeo de Seguridad Vial en 2021 y por el informe de Gestión de Velocidad del Centro de Investigación del Transporte (ITF).
Según estos informes, la gestión de la velocidad, debe incluir, entre otras medidas, la vigilancia policial y el control automático de velocidad con aquellos instrumentos que lo permitan y que abarquen a todos los usuarios de las vías (incluyendo a conductores extranjeros) y el desarrollo de control de secciones (control de velocidades medias en secciones de una vía), de ahí que recomiende a los distintos países seguir fomentando su uso.