La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado firme la condena contra Laura Borràs, expresidenta del Parlament y de Junts, por un delito de prevaricación y falsedad documental. El tribunal ha iniciado el procedimiento para la ejecución de la pena, que incluye 4 años y medio de prisión, 13 años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros.
Fraccionamiento de contratos y adjudicación a dedo
Los hechos por los que ha sido condenada se remontan a su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2018. Según la sentencia, Borràs fraccionó contratos públicos para adjudicarlos de manera irregular a un amigo, vulnerando los principios de transparencia y concurrencia en la contratación pública.
El Tribunal Supremo, en una resolución dictada el pasado 10 de febrero de 2025, desestimó el recurso de casación presentado por la expresidenta de Junts y los otros dos condenados, confirmando así la sentencia del TSJC. Con esta decisión, el alto tribunal catalán ha ordenado «incoar la correspondiente ejecutoria», lo que supone el inicio del trámite para su ingreso en prisión.
El Tribunal Supremo confirma la inhabilitación de Laura Borràs como diputada
Borràs no tiene opción a la amnistía, pero si la posibilidad de indulto
Uno de los puntos clave de la sentencia ha sido la negativa del Tribunal Supremo a concederle la amnistía, tal como había solicitado la defensa de Borràs. El TSJC considera que ya no cabe ningún recurso «ni ordinario ni extraordinario, salvo los de revisión y amparo constitucional», dejando escasas opciones legales para evitar su entrada en prisión.
No obstante, en su resolución, el TSJC sugirió la posibilidad de un indulto, alegando que la condena impuesta es especialmente elevada en comparación con otros casos de corrupción política.
Diez días para alegaciones antes de su ejecución
El tribunal ha concedido un plazo de diez días a las defensas de los condenados para que presenten alegaciones sobre la ejecución de la sentencia. Una vez finalizado este periodo, la acusación pública tendrá otro plazo de diez días para pronunciarse antes de que el TSJC tome una decisión definitiva sobre el ingreso en prisión de Borràs y el resto de condenados.
El caso de Laura Borràs ha generado una gran controversia política y judicial, dividiendo opiniones sobre la proporcionalidad de la condena y su impacto en el escenario político catalán.