La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga las muertes y lesiones causados por la DANA, ha encargado a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil la elaboración de un informe que detalle la cronología de los hechos sucedidos el pasado 29 de octubre. El informe que demanda deberá ceñirse al análisis del desbordamiento de los ríos, barrancos y embalses en relación con los fallecimientos y lesionados registrados, según consta en el auto notificado a las partes.
La confección de ese documento había sido solicitada por la Fiscalía en un escrito fechado el pasado 21 de febrero en el que se pedía que el atestado policial fuera más amplio e incluyera otros extremos que han sido denegados por la instructora. La titular del Juzgado entiende que ya avanzada la investigación y acordado “un importante número de diligencias”, bien de oficio, bien a instancias de las partes personadas, judicializada por tanto ya la causa, “el análisis de la evitabilidad de los fallecimientos y la posible comisión de delitos (‘ilícitos penales’) no puede trasladarse a un informe policial”.
Igualmente, en esta fase de instrucción, que se centra en las medidas “que hubieran evitado los fallecimientos” (…), “la necesaria toma de declaraciones por los partícipes en sede policial chocaría con la propia investigación judicial”.
“Ha de recordarse que en un atestado de tales características sería preciso la toma de declaración de testigos, y que diversas acusaciones particulares y populares han solicitado la declaración de los querellados”, precisa, por lo que “la declaración de los eventuales investigados no puede efectuarse policialmente”. Por ejemplo, hace unos días, la juez admitió la personación como acusación particular de la Asociación de Damnificados Horta Sud.
En la resolución, la magistrada destaca la utilidad de las “piezas periodísticas” y grabaciones audiovisuales efectuadas por los medios de comunicación que éstos han aportado al juzgado tras serles requeridas por éste, y que “permiten hacerse una idea de cómo evolucionó la situación el 29 de octubre en toda la provincia de Valencia”.
Pregunta si hubo «algún receso» en el CECOPI
Entre las diligencias de investigación acordadas por la juez en este auto destaca el requerimiento a la Conselleria de Interior y Emergencias para que le informe, en el plazo de tres días, si durante la reunión que se mantuvo en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el 29 de octubre de 2024 “se produjo algún receso”. El CECOPI se convocó sobre las 17:00 horas de la tarde de aquel día con la exconsellera Salomé Pradas a la cabeza y que ahora ha quedado más señalada tras revelarse la hora a la que llegó Carlos Mazón, president de la Generalitat, que fue incluso después de enviar el mensaje de alerta a la ciudadanía.
Por otra parte, la instructora ha pedido a la Universitat de València, que acordó “acertadamente” suspender las clases el día de la Dana, que le informe de qué órgano concreto tomó esa decisión, en que información se sustentó y si en ella participó “algún técnico”. Fue de las primeras instituciones de la provincia en tomar una decisión así, suspendiendo las clases del 29 de octubre, el día anterior. Precisamente Mazón lo consideró una decisión «exagerada» durante una conversación informal ese mismo día.