El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha defendido este martes hasta la última coma del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para transferir las competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Una proposición de ley orgánica, registrada en el Congreso de los Diputados, que ha sido interpretada por Carles Puigdemont como un traspaso “integral” de competencias que “normalmente ejercen los Estados”.
No obstante, el Gobierno sostiene con firmeza que la transferencia de las competencias migratorias a Cataluña no supone una “cesión” definitiva del control de las fronteras, sino una “delegación” reversible, amparada en el artículo 150.2 de la Constitución. Así lo han explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, insistiendo en que el Estado mantendrá la titularidad de las competencias que le son exclusivas, a pesar de que sea la Generalitat de Cataluña la encargada de ejecutar y garantizar el cumplimiento de la normativa estatal.
En este sentido, Saiz ha solicitado ser “exquisitos” y “cuidadosos” con el lenguaje para evitar malinterpretaciones, asegurando que, pese a las denuncias del Partido Popular, la delegación de competencias en cuestión no desborda en ningún caso el marco de la Constitución. “Estamos hablando de una delegación de competencias que se contempla en el artículo 150.2 de la Constitución española. Es una proposición de ley orgánica, de delegación de competencias en materia de inmigración, que nace de la Constitución y que se aplica con la Constitución española en la mano”, ha subrayado la ministra.
Asimismo, Saiz ha aclarado que, según lo establecido en el acuerdo, los Mossos d’Esquadra actuarán en puertos, aeropuertos y demás “puestos habilitados para el acceso” de inmigrantes “en colaboración y coordinación con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”; es decir, no estarán solos en las fronteras, como exigía Junts, sino que tendrán que trabajar codo con codo con la Policía Nacional y la Guardia Civil. De modo que…
Por otra parte, en relación al papel que desempeñará la Generalitat en los procedimientos de expulsión de personas extranjeras –un aspecto especialmente sensible y en el que ha insistido mucho Junts–, Saiz ha puntualizado que existen dos escenarios claramente diferenciados: “Aquellos procedimientos en materia de expulsión en los que no es necesario un expediente, la Generalitat, basándose en la normativa de Extranjería, podrá expulsar en esas situaciones. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a personas que tengan prohibida la entrada en nuestro país; en ese caso, es uno de los supuestos. En los supuestos en los que se requiera un expediente, la Generalitat podrá proponer dichas expulsiones”.
Bajo este contexto, la ministra ha asegurado que el acuerdo alcanzado es “una buena muestra del entendimiento y la voluntad de este Gobierno”, al que ha calificado como “el Gobierno del diálogo”, evitando así aclarar si el Ejecutivo comparte el discurso migratorio que defiende Junts, que, a primera vista, parece radicalmente contrario e incompatible con los ideales socialistas.
El Gobierno no descarta delegar competencias migratorias a otras regiones además de Cataluña
Durante su intervención, Saiz ha insistido además en la importancia de contextualizar la decisión, recordando que Cataluña es “una comunidad que tradicionalmente ha tenido una presencia muy importante de flujos de personas extranjeras”. En concreto, la ministra ha señalado que el 18% de la población de Cataluña tiene nacionalidad extranjera, mientras que el 25,1% es de origen extranjero.
Además, ha asegurado que existe “una voluntad política y una voluntad de la sociedad catalana” de participar activamente en el control de la inmigración “desde hace muchos años”. “Nos podemos remontar al año 1992, hace 33 años, donde ya tenían una voluntad de asumir una gestión en materia migratoria con la creación de esa comisión interdepartamental en materia migratoria”, ha subrayado, valorando positivamente que una comunidad autónoma como Cataluña esté dispuesta a asumir “una importante responsabilidad” frente a la “preocupante dejación de funciones” que, a su juicio, llevan a cabo otras comunidades gobernadas por el PP.
No obstante, en relación al alcance que puede llegar a tener esta “delegación” de competencias en otras comunidades autónomas, Saiz ha asegurado que “en este momento” no le consta que otras regiones estén interesadas en asumir el control fronterizo, aunque ha dejado la puerta abierta a que otras autonomías puedan optar por seguir el mismo camino en el futuro.
“Si llega el caso de que alguna comunidad muestra interés y da un paso hacia adelante en ese sentido, por supuesto se estudiará con total detenimiento y con total rigor”, ha sentenciado, insistiendo en que el único requisito indispensable para el Ejecutivo a la hora de negociar un traspaso de competencias como este es que el pacto alcanzado cumpla con lo establecido en la Constitución y garantice un respeto absoluto a los derechos humanos.
Una postura que busca aplacar las voces críticas que sugieren que el Gobierno ha comprado la narrativa de la ultraderecha catalana, que ahora deberá conseguir el respaldo de otras formaciones como Podemos, para así garantizar la tramitación parlamentaria del nuevo acuerdo entre socialistas y posconvergentes.