La asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia ha asegurado estar «indignada» ante la actitud de la teniente fiscal del Tribunal Supremo en el caso Miguel Ángel Blanco, concejal del PP secuestrado y asesinado en 1997. Según explica la organización, Ángeles Sánchez Conde se ha posicionado a favor de cerrar la causa abierta contra los jefes de ETA.
Dignidad y Justicia considera que la teniente fiscal muestra «disposición sumisa» a los intereses del Gobierno, que se encuentra secuestrado por Bildu. La decisión a tomar es «en contraposición a lo manifestado por 13 de los 16 miembros de la Junta de Fiscales del alto tribunal, que se han mostrado abiertamente favorables a continuar con el procedimiento». Sin embargo, «respalda la postura del fiscal Carlos García Berro, quien en la Audiencia Nacional había apoyado el archivo de la causa después de haberse mostrado abiertamente partidario de posturas de ultraizquierda en redes sociales«.
En este sentido, manifiestan que Sánchez Conde «defiende los intereses de los responsables de la organización terrorista y no de las víctimas del terrorismo». Se reafirman en que «el escrito de la teniente fiscal vuelve a demostrar que en España no vivimos en un Estado de Derecho, sino en un Estado de Vergüenza, en el que el Gobierno coloca a piezas de un organismo supuestamente independiente para controlar la justicia y que sus socios en el Ejecutivo le sigan sosteniendo».
«Los jefes de ETA acusados en el caso Miguel Ángel Blanco son elementos clave para Bildu y así se lo han hecho saber sus representantes políticos a Pedro Sánchez, que ha convertido la Fiscalía General del Estado en la Fiscalía General del Gobierno«, concluye Dignidad y Justicia. La asociación promueve investigaciones contra miembros de la cúpula de ETA en las causas de los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, el de Santa Pola, Francisco Arratibel o Gregorio Ordóñez.