Pilar Sánchez Acera, exasesora de Moncloa y actual número dos del PSOE madrileño, ha comparecido este miércoles como testigo ante el Tribunal Supremo en la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos. Durante su declaración, Sánchez Acera ha asegurado que no recuerda quién le envió el polémico correo de la defensa de Alberto González Amador –pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso– negando así cualquier implicación tanto de Moncloa como de la Fiscalía General del Estado en la filtración.
Según han confirmado fuentes jurídicas, la exasesora ha subrayado ante el magistrado instructor, Ángel Hurtado, que no conoce al fiscal general del Estado ni a ningún otro fiscal, descartando así cualquier intervención directa o indirecta de la Fiscalía en la cadena de transmisión del correo electrónico, enviado el pasado 2 de febrero de 2024 por la defensa del novio de Ayuso al fiscal Julián Salto, expresando que era «voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos», en alusión a dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública.
Asimismo, Sánchez Acera –quien en aquel momento ocupaba el cargo de jefa de gabinete de Óscar López, entonces jefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez– ha detallado que no recibió el correo electrónico original, sino un pantallazo del mismo por WhatsApp, sin remitente ni destinatario visibles. En este sentido, aunque ha admitido que ese contenido le llegó desde la prensa local de Madrid, ha evitado señalar el nombre concreto del periodista que se lo habría enviado, insistiendo en que no lo recordaba.
A lo largo de su testimonio, la actual número dos del PSOE madrileño ha reconocido que fue ella quien envió ese pantallazo a Juan Lobato, entonces líder del PSOE madrileño, para que lo utilizara en la sesión de control en la Asamblea de Madrid prevista para esa misma jornada, pero ha insistido en que no existía un plan organizado para perjudicar a Díaz Ayuso o para difundir el contenido de forma pública. Además, ha asegurado que nadie en Moncloa le ordenó transmitir esa información a Lobato, defendiendo que actuó individualmente bajo el marco de sus funciones y responsabilidades como secretaria de política institucional del PSOE de Madrid.
Por otra parte, uno de los aspectos más interesantes que ha salido a la luz en su declaración es que Sánchez Acera no conserva los mensajes relacionados con los hechos investigados. Ella misma ha explicado que, al cesar en su cargo como jefa de gabinete de Óscar López en septiembre de 2024, devolvió el teléfono oficial que utilizaba en Moncloa, aunque conservó la tarjeta SIM por un tiempo. No obstante, ha señalado que finalmente decidió cambiar también la SIM cuando supo que su número de teléfono aparecía en los informes judiciales vinculados a la investigación de Juan Lobato.
Sánchez Acera, una testigo clave para la investigación
Cabe recordar que la declaración de Sánchez Acera se ha producido a petición de la acusación popular que ejerce Manos Limpias, con el objetivo de esclarecer cuál fue el recorrido del correo electrónico que acabó publicándose el pasado 14 de marzo en el diario digital ElPlural.com. Un testimonio que el magistrado Hurtado ha considerado clave para intentar determinar qué personas pudieron tener acceso al contenido del correo antes de su publicación y en qué circunstancias circuló dicho documento.
No obstante, Sánchez Acera, quien acudió al Supremo poco antes de las 10:00 de la mañana, acompañada por la diputada socialista de la Asamblea de Madrid Carmen Mena, ha evitado realizar declaraciones públicas tanto a su llegada como a su salida del tribunal.
Esta comparecencia se suma a la del propio Juan Lobato, quien el pasado mes de noviembre confirmó que fue Sánchez Acera quien le trasladó el contenido del correo electrónico en cuestión, al tiempo que entregó de manera voluntaria su teléfono móvil y el acta notarial que recoge de forma íntegra los mensajes intercambiados. Dos documentos que fueron puestos a disposición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su análisis pericial.