El Gobierno ha llevado este jueves al Congreso de los Diputados dos proyectos de ley que reforman los procedimientos de determinación de la edad para los menores migrantes, con el objetivo de «proteger» a los que llegan a España y los que lo hacen sin ir acompañados de sus padres e indocumentados, como ha explicado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños. «Por humanidad», ha señalado. La oposición, encabezada por PP y Vox, no ha apoyado estos proyectos.
La determinación de la edad pasa de ser un proceso administrativo a ser proceso judicial de orden civil, puesto que afecta al estado civil de las personas. La competencia pasa a estar en los Juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos de familia o, de no existir especialización, al que por turno de reparto corresponda, del lugar donde se encuentre la Entidad Pública de Protección de menores. Este primer proyecto modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Este procedimiento se basa en principios clave: la presunción de minoría de edad, el derecho del menor a ser oído, la prohibición de pruebas invasivas como desnudos integrales, y la especialización de los profesionales implicados. Además, garantiza la asistencia jurídica gratuita, intérpretes y representación legal desde el inicio del proceso. El Ministerio Fiscal participará activamente, y solo se activará el procedimiento en aquellos casos en los que la persona esté indocumentada o haya dudas sobre la validez de los documentos presentados.
El segundo proyecto modifica la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, con el fin de atribuir la determinación de la edad al Juzgado de Menores en aquellos casos en los que la persona se encuentre detenida por presunta participación en una infracción penal y exista duda razonable sobre su minoría o mayoría de edad. La atribución de esta competencia se fundamenta igualmente en el principio de presunción de la minoría de edad que reconocen el derecho español y el derecho internacional.
El Ejecutivo español impulsa ambos proyectos para adecuarse a la normativa de las recomendaciones emitidas por parte de organismos internacionales y nacionales, desde la ONU al Defensor del Pueblo, que han señalado a España en varias ocasiones por vulnerar los derechos de la infancia en este procedimiento.
PP y Vox en contra por «efectos perniciosos»
El diputado de Vox, Ortega Smith, considera que estas reformas conllevaran un retraso en la resolución del procedimiento y en los expedientes de repatriación de los «menas», como ha calificado. «Es un mecanismo de usted (en referencia a Bolaños) y los que le apoyan para blanquear la inmigración irregular«, ha señalado. Además, cree que va a generar mayor colapso en los juzgados y retraso en los asuntos judiciales, «que lo van a pagar los españoles», por lo que votan en contra por estos «efectos perniciosos».
Por último, ha manifestado que esto avivará un «efecto llamada». El Partido Popular también ha ido en la misma línea, presentando una enmienda a la totalidad, pues considera que este «nuevo procedimiento esté abocado al fracaso por su nefasta gestión». El diputado del Grupo Republicano, Jordi Salvador, también ha mostrado su contrariedad a estos proyectos de ley porque dice tener «carencias graves», pero ha defendido que «no la tumbaremos con los argumentos de la extrema derecha». Coalición Canaria ha destacado además la la crisis que vive Canarias, con sus recursos desbordados al tutelar a unos 5.800 jóvenes