La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha dictado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), y otros nueve procesados por una presunta ocultación de patrimonio. Entre los acusados figuran cuatro familiares del exdirigente popular y cinco empresarios, además de siete empresas que también están implicadas en el procedimiento.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la magistrada ha impuesto a todos los acusados una fianza conjunta y solidaria de 1.375.276 euros para garantizar las responsabilidades civiles que podrían derivarse en caso de condena. En su auto, la jueza señala que el órgano competente para juzgar la causa será la Audiencia Provincial de Castellón.
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Acusaciones a Fabra por varios delitos
El proceso judicial parte de una investigación en la que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado aprecian indicios de la comisión de varios delitos, entre ellos alzamiento de bienes, insolvencia punible, frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y cohecho.
Los empresarios implicados en la causa son Fernando R.A., Fernando R.N., Alejandro L.H., Miguel P.F. y Enrique G.E., quienes habrían participado en maniobras destinadas a dificultar el cobro de deudas y eludir responsabilidades económicas derivadas de anteriores procesos judiciales contra Fabra. Además, las empresas investigadas como personas jurídicas podrían haber jugado un papel clave en la presunta trama de ocultación de activos.
Opciones de recurso limitadas
Contra la resolución de apertura de juicio oral, la ley solo permite interponer un recurso de reforma ante el mismo juzgado o un recurso de queja ante la Audiencia Provincial, aunque únicamente en lo relativo a la situación personal de los procesados.
El caso de Carlos Fabra, una figura histórica del Partido Popular en Castellón, ha estado rodeado de controversia durante años. En 2014, el exdirigente fue condenado a cuatro años de prisión por fraude fiscal, una pena de la que cumplió parte antes de obtener el tercer grado penitenciario. Ahora, este nuevo proceso judicial vuelve a poner el foco sobre su situación patrimonial y las operaciones financieras que habría realizado para evitar el pago de sus deudas.
La apertura del juicio supone un paso más en una investigación que podría derivar en importantes consecuencias legales para Fabra y su entorno. Mientras tanto, la justicia sigue avanzando en la determinación de responsabilidades y en la posible recuperación de los bienes presuntamente ocultos.