La Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud – Valencia presentará un recurso de apelación ante el auto dictado por Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre en la provincia para que se tome también como «persona investigada» al responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. La asociación presentó el 29 de enero una querella contra cinco miembros del Gobierno de Carlos Mazón y el propio Polo.
En la última comunicación, la jueza, Nuria Ruiz Tobarra, informa que sólo admite en la querella a la exconsellera de Emergencias e Interior, Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Emilio Argüeso. Aunque consideran que la magistrada «está realizando una gran labor de investigación, así como recopilación de información vital para conocer la verdad y obtener justicia, que es lo que desde la Asociación pedimos, y reiteramos nuestra confianza en la justicia en general y en esta jueza en particular», resaltan que no comparten «algunas de las decisiones tomadas», según explican en un comunicado.
La valoración del trabajo de la jueza es por el momento positiva, y así lo ha expresado el presidente de la asociación, Christian Lesaec en declaraciones a ESTRELLA DIGITAL: «Está siendo muy resolutiva, valiente y sobre todo le está dando agilidad y velocidad a la instrucción».
Pero los damnificados no entienden que se inadmita la investigación contra el presidente de la CHJ, «ya que la confederación desbloqueó el peligro de inundación, que a nuestro modo de ver, agravó el peligro que se nos venía encima«, explican. En este sentido, se sienten «un poco decepcionados», señalan a este periódico. Desde la CHJ, incluido el mismo Polo, han estado defendiendo que transmitieron datos actualizados cada cinco minutos (también del caudal en la rambla del Poyo) el día de la DANA y negando el supuesto ‘apagón informativo’ del que les ha acusado la Generalitat Valenciana.
Además, piensan «que es acertada y necesaria la posible testificación de diferentes técnicos del sistema ESAlert«, así como también consideran «que el presidente Mazón debería comparecer como testigo tal y como pedimos en nuestra querella». «Entendemos que la jueza considera que ante su situación de aforamiento y estar acusado por otras querellas, no se puede tomar una decisión estos momentos tal y como argumenta en el auto de 10 de marzo 2025, por lo que esperamos una posterior decisión al respecto», añaden.
«De momento ha considerado que no es necesario, pero entendemos que la puerta no está cerrada, que probablemente igual lo llame a testificar más adelante y desde luego le deja la posibilidad de que lo haga por su iniciativa», señala Lesaec a ESTRELLA DIGITAL.