La Comunidad de Madrid interpondrá una querella contra la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, después de que el pasado viernes afirmara que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, debería estar “en la cárcel” por su “gestión homicida” durante la pandemia del Covid-19, apuntando a todas aquellas personas que, a su juicio, “fallecieron de manera absolutamente evitable, aunque ella dijera que iban a morir igual”.
Así lo ha anunciado este sábado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, durante su visita a la localidad de Alameda del Valle, para evaluar los daños provocados por la borrasca ‘Jana’.
“Ante estas declaraciones en las que se imputa un delito al Gobierno de la Comunidad de Madrid y se insinúa que se realizaron malas prácticas de manera intencionada durante el COVID, les informo que los servicios jurídicos ya están trabajando en las acciones legales oportunas que presentaremos ante el órgano judicial correspondiente”, ha subrayado el consejero, subrayando que “declaraciones como estas, que intentan retorcer el dolor de las víctimas y de sus familias”, no pueden quedar impunes.
“Hemos dado instrucciones para que los servicios jurídicos preparen una querella contra Belarra. Le exigimos que se rectifique. Si no, pues lógicamente nos tendremos que ver en los tribunales”, ha añadido, insistiendo en que “no van a consentir” que Belarra “ofenda al pueblo de Madrid, a los profesionales que lo dieron todo durante la pandemia, y al Gobierno regional”.
Una querella tras otra: el precedente de Reyes Maroto
La querella contra Belarra no es la única que ha impulsado la Comunidad de Madrid en los últimos días. Apenas 24 horas antes, el Ejecutivo madrileño ya había anunciado otra acción judicial contra la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, quien, en una comparecencia pública, afirmó que fueron 7.291 las víctimas o personas mayores “asesinadas” en las residencias gracias a la aplicación de un protocolo “firmado” por el Gobierno de Ayuso que habría impedido la derivación de los residentes a los hospitales de la región.
No obstante, tras el revuelo generado, Maroto emitió un comunicado en el que se retractó de sus palabras, aclarando que “no fue su intención acusar a nadie de asesinato, sino destacar que estas personas fallecieron en las residencias madrileñas sin recibir tratamiento médico adecuado”. Una rectificación que parece no haber convencido a Isabel Díaz Ayuso, quien poco después anunció que su Gobierno acudirá a la justicia para solicitar amparo ante las acusaciones infundadas de la izquierda sobre su gestión de las residencias de mayores durante la pandemia de COVID-19, al considerar que se han sobrepasado “unos límites que son inasumibles”.
“Es gravísimo y vamos a acudir a la justicia para pedir amparo, ya no para nosotros, sino para esos profesionales que no tienen por qué seguir escuchando esos ataques”, aseguró ayer la líder autonómica, subrayando que las críticas de la oposición no solo buscan perjudicar a su administración, sino también desacreditar a los profesionales sanitarios que trabajaron en primera línea durante el peor momento de la crisis sanitaria.
“La dirigente del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid nos ha acusado de asesinos. Eso significa que ha habido geriatras y que ha habido sanitarios, que las residencias han asesinado, porque nosotros no hemos podido ir uno a uno. Hemos tenido que tener la colaboración de sanitarios, de personas que dieron su vida y se expusieron en los momentos más difíciles de la pandemia para salvar a las personas mayores de las residencias por quienes se desviven”, explicaba Ayuso.