La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que llevará ante los tribunales y ante la Unión Europea el acuerdo alcanzado por el Gobierno para la redistribución de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, una medida que ha calificado de «lamentable» y que, a su juicio, evidencia que la política migratoria del presidente Pedro Sánchez es «un lastre para todos».
«Ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias. No se puede fomentar la inmigración irregular masiva. Este lamentable acuerdo se llevará a tribunales y a la UE, que ha de entender que la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos: para España, para Europa y para los mismos inmigrantes, en manos de mafias», ha asegurado la presidenta en un mensaje publicado en sus redes sociales.
Las declaraciones de Ayuso llegan después de que el Ejecutivo central haya cerrado un acuerdo con Junts para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, con el objetivo de facilitar la distribución de menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en territorios con alta presión migratoria, como es el caso de Canarias.
No obstante, el acuerdo ha provocado una fuerte polémica, ya que, según las cifras aportadas por la formación independentista, Cataluña recibiría entre 20 y 30 menores, mientras que Madrid debería acoger aproximadamente 700. Una diferencia que, para la presidenta madrileña, pone en evidencia que el reparto acordado no responde a criterios de necesidad. «Se usa a estos menores de arma política. Lo pagan ellos y cada ciudad donde son enviados de manera desalmada», ha sentenciado.
Más allá de la controversia sobre la cantidad de menores asignados a cada comunidad, desde el Gobierno regional también se ha criticado la falta de transparencia en la negociación de este acuerdo. En este sentido, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha censurado que las comunidades autónomas no hayan sido consultadas ni informadas previamente sobre la medida.
«Antes de hablar de la financiación de esos recursos, habrá que hablar precisamente de cómo es posible que un Gobierno llegue a un acuerdo con un partido independentista al margen del resto de comunidades autónomas, que ayer estaban reunidas en Conferencia Sectorial», ha manifestado, acusando al Ejecutivo central de ser «capaz de cualquier cosa» con tal de mantener los apoyos de aquellos que buscan «romper el modelo» de España.
Asimismo, el consejero y portavoz gubernamental ha insistido en que la solución al «caos migratorio» no pasa por «repartir» a los menores no acompañados, sino por abordar el problema desde la raíz, mediante el control de las fronteras y la firma de acuerdos con los países de la Unión Europea. «Desde luego, no estamos de acuerdo tampoco con ese reparto de las competencias, ese troceamiento de las competencias en materia de migraciones, que son exclusivas de la Administración General del Estado y, por tanto, no estamos de acuerdo con que se les den esas competencias a ninguna comunidad autónoma», ha añadido.
La mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, dispuestas a acudir a los tribunales
Junto a la Comunidad de Madrid, Aragón, Cantabria, Galicia, Andalucía y Castilla y León también han mostrado su disposición de acudir a los tribunales para frenar la redistribución de menores migrantes bajo las condiciones contempladas en el Real Decreto Ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros. En este sentido, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado que, una vez que el real decreto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los servicios jurídicos de la comunidad autónoma lo analizarán con el propósito de interponer un recurso ante los tribunales españoles y europeos.
Asimismo, el Gobierno de Cantabria ha exigido a Sánchez «lealtad institucional, información y colaboración» de cara al reparto de los menores migrantes no acompañados, indicando que examinarán el contenido de la propuesta desde una perspectiva jurídica para poder defender su posición ante los tribunales. También los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y de Galicia, Alfonso Rueda, han criticado este martes la «falta de información» del Gobierno, evitando descartar un posible recurso ante los tribunales una vez dispongan de todos los datos necesarios.
Por último, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dado instrucciones a los servicios jurídicos de la región para recurrir el real decreto, dada la ausencia de una comunicación oficial por parte del Gobierno sobre un reparto que, a su juicio, debería ser «acordado y jamás impuesto».