La Comunidad de Madrid ha decidido intensificar su ofensiva judicial contra Podemos con la presentación de una nueva querella contra el secretario de Organización del partido, Juan Pablo Fernández Santos, a raíz de unas recientes declaraciones en las que calificó de «homicida y criminal» la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Esta acción legal se suma a las ya anunciadas contra la secretaria general de la formación, Ione Belarra, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, por realizar afirmaciones similares que, según el Gobierno regional, han “traspasado todas las líneas rojas de la decencia política”.
Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión del Consejo de Gobierno de este miércoles, subrayando la gravedad de estas acusaciones.
“No pueden insultar, vejar y acusar a un Gobierno, ni tampoco a los profesionales de las residencias: médicos, enfermeras, geriatras, gerocultores y a todos los que trabajaron durante la pandemia… No se les puede acusar de haber perpetrado un asesinato. Es una auténtica barbaridad”, ha afirmado el consejero, amenazando con que todo aquel que falte el respeto a los profesionales que “durante tanto tiempo dieron todo para salvar vidas y para luchar contra una pandemia que fue global y mundial” va a encontrar una “respuesta en los tribunales”.
En concreto, las declaraciones de Fernández Santos, realizadas el pasado lunes, señalaban que Ayuso “debería estar en prisión” por su gestión de la crisis sanitaria en las residencias de mayores. Unas palabras en perfecta consonancia con las declaraciones de Reyes Maroto, quien utilizó el término “asesinatos” para referirse a las víctimas en estos centros, mientras que Ione Belarra acusó a la Comunidad de Madrid de llevar a cabo una “gestión homicida”.
“Ni Maroto ni Belarra se han dirigido a este Gobierno para retractarse de estas declaraciones que han traspasado todas las líneas rojas, y no lo vamos a consentir”, ha añadido García Martín, subrayando que estas afirmaciones forman parte de una estrategia de ataque organizada por la izquierda para desacreditar la gestión de Ayuso con acusaciones infundadas.
Asimismo, en medio de esta escalada de tensión, el consejero también ha hecho referencia a una información publicada hoy por el diario El Debate, que asegura que el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa disponía ya a finales de enero de 2020 de informes con instrucciones específicas para las residencias de mayores, mientras que desde el Gobierno central se promovía la participación en las manifestaciones del 8 de marzo. En este sentido, ha asegurado que dichas instrucciones “prohibían visitas” y “recomendaban directamente el confinamiento de las personas mayores con infección respiratoria en las residencias de mayores y en sus propias habitaciones”.