La Unidad Central de Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con agentes presentes poco antes de las 15 horas en el Ayuntamiento de Serranillos, ha impedido esta mañana que el alcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández, del partido independiente UDMA, imputado por formar parte de la trama de corrupción desarticulada con la 'operación Púnica', se haya llevado cajas de documentación del Ayuntamiento, informaron fuentes jurídicas.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye este procedimiento, explica en un auto que el juzgado ha recibido una comunicación del Ayuntamiento que informaba de que Sánchez Fernández, que no declaró ante el magistrado por problemas de salud, se personó en las instalaciones municipales con cajas vacías y estaba llenándolas de documentación «probablemente para llevárselas».
Tras recibir el aviso, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha puesto estos hechos en conocimiento de la UCO para que tomara las «medidas oportunas» a fin de «evitar la desaparición de pruebas imprescindibles para la averiguación de los hechos que son objeto de la presente causa».
A lo largo de la mañana, una patrulla del instituto armado de la cercana localidad de Griñón se ha personado en el Ayuntamiento y ha incautado una de las cajas que portaba el alcalde. El juez ha facultado a los agentes para intervenir la documentación y ha citado al alcalde de Serranillos mañana, martes, a las 9 horas, para que se proceda al «cotejo de la documentación intervenida» y se devuelva al regidor la que sea «estrictamente personal». La que tenga carácter oficial será incorporada al procedimiento, según las citadas fuentes.
Sánchez Fernández fue detenido en el marco de la 'operación Púnica' después de que se le atribuyeran los delitos de prevaricación, fraude fiscal, malversación de caudales públicos y cohecho. La Guardia Civil, sin embargo, le puso en libertad por motivos de salud.
Además, el jefe de gabinete de la Alcaldía de Parla, Antonio Borrego, tras depositar la fianza de 60.000 euros que le impuso el pasado miércoles el juez Velasco. Se le atribuyen los delitos de integración en organización criminal, malversación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental y fraude por negociar con el empresario David Marjaliza y el otro 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro, un contrato de 54 millones de euros con la empresa Cofely.
El único detenido para el que se dictó prisión eludible con fianza que no ha depositado todavía la caución es el propietario de la empresa Waiter Music, José Luis Huera, que tendrá que pagar 300.000 euros.