El Instituto de Estudios sobre la Familia de la Universidad Pontificia de Comillas y la ONG Save the Children han elaborado un informe sobre la situación de pobreza en la que se encuentran unos 300 niños del poblado chabolista El Gallinero, en la Cañada Real Galiana, y se lo harán llegar a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, para que lo valore.
Así lo ha asegurado el director del Instituto, Fernando Vidal Fernández, quien ha presentado este martes el análisis elaborado conjuntamente con la Ong y ha explicado que la fiscal ha mostrado interés en las «reflexiones» vertidas en el documento, así como en sus contenidos. No obstante, ha apostillado que aún se encuentran por enviar las propuestas que ambas instituciones demandan en esta materia.
El estudio refleja, a través de una muestra de niños de 6 a 14 años, las percepciones que mantienen con respecto a la situación actual en la que viven. Así, por medio del análisis de los dibujos realizados por los niños, de entrevistas individualizadas y de un protocolo de evaluación por juegos simbólicos, los investigadores consiguen descubrir las visiones que guardan del entorno chabolista en el que se encuentran «hacinados».
Según uno de los investigadores del estudio, Carlos Pitillas, estas condiciones son las que «definen» la vida en El Gallinero en los últimos años y las que «marcan la expresión psicológica de los niños». Por ello, ha señalado la mendicidad, el robo de cable de cobre y la recogida de chatarra como las «formas de subsitencia básica» en el poblado.
DERRIBOS DE VIVIENDAS
El robo de cable de cobre es uno de los factores por los que se producen numerosas «redadas» policiales, una de las causas que los niños «suelen plasmar en sus dibujos con la representación de una fila de policías con porra en mano». Junto a ello, los autores del estudio denuncian el hecho de que se hayan realizado 41 derribos que han afectado a 82 menores, un factor que «agrede» al derecho de la vivienda de las familias.
En este sentido, las condiciones de pobreza permiten la «presencia habitual» de «peleas», así como la existencia de la violencia en las niñas «por razones de género». Asimismo, los autores del documento alegan la presencia «desproporcionada» de residuos y suciedad continua que facilita la aparición de ratas y arañas, entre otros animales.
Además, denuncian que no haya espacios «llanos y libres de suciedad» en los que los niños puedan jugar y descansar y critican que el único lugar en donde éstos puedan pasar su tiempo de ocio sea la carretera, «zona por la que tránsito coches a gran velocidad».
Con todo ello, la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia, Ana Sastre, ha asegurado que existe una «vulneración sistemática» de los derechos de los niños, razón por la que — ha destacado — «hay que trabajar» por un colectivo que ya de por sí cuenta con una «vulnerabilidad extrema».
También ha indicado que los cerca de 300 niños que habitan en El Gallinero viven en situación de «pobreza, discriminación y exclusión social» al vivir en un entorno precario en donde la violencia ocupa un lugar destacado.
Por otro lado, ha apuntado en que la probabilidad de superar los 60 años de vida es del 98 por ciento y ha denunciado que el 78 por ciento de la población en edad de trabajar sea analfabeta. Unas cifras que explican la «alta tasa de escolarización y la falta de cobertura en niños de 0 a 3 años».
PROPUESTAS PARA EVITAR LA 'HERENCIA MALDITA'
En este sentido, Vidal Fernández ha incidido en que esta situación se debe a un conflicto de gobernanza y que «nadie saca a nadie de la pobreza».
Por ello, proponen la «mejora» de la intervención de los poderes públicos «que deben respetar el interés superior al menor» con la suspensión de los derribos y con la puesta en marcha de «una solución viable acordada con la población afectada y sobre todo, con los niños» para evitar que vivan bajo el paraguas de una «herencia maldita».