Es la primera vez que la Coordinadora 25-S comunica su intención de convocar una protesta a través de los canales burocráticos ordinarios. Miembros de la plataforma se han presentado este viernes ante la Delegación del Gobierno de Madrid para informar sobre la convocatoria que tendrá lugar el próximo 28 de febrero a las 19h. El recorrido se desarrollará desde la Plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol bajo el lema «No al Estado Policial. Cifuentes dimisión».
«Este hecho novedoso y circunstancial viene motivado principalmente porque entendemos que ello ayudará a debilitar la posición de esta institución, y porque en esta ocasión seguir los canales burocráticos puede ayudar precisamente a deslegitimarlos todavía más, así como a impulsar la propia movilización. También porque queremos asegurarnos de que Cifuentes sepa que queremos que dimita», explica la plataforma en su página web oficial.
La coordinadora asegura que la dirigente 'popular' ha perpetrado diversos ataques contra la libertad de expresión y recoge como ejemplo la protesta de 'Rodea el Congreso' celebrada en septiembre de 2012 o las 'Marchas de la Dignidad' que se desarrollaron el pasado mes de marzo, donde se produjeron cargas policiales. «Cifuentes ha venido dirigiendo desde su cargo institucional en los últimos años cada uno de los ataques que contra el derecho de huelga y manifestación se han perpetrado en Madrid generando algunos momentos de gravísimo peligro para la ciudadanía. Por eso, es totalmente necesario para la seguirdad del pueblo de Madrid que Cristina Cifuentes cese en su cargo en el más breve tiempo posible», denuncia la plataforma en su página digital.
Miembros de la plataforma han acudido este viernes a las oficinas de la Delegación para cumplir con la legalidad y realizar los trámites burocráticos pertinentes para convocar la protesta. «Tan convencidos estamos de esta necesidad imperiosa, por la seguridad de todos y todas nuestras conciudadanas, que por primera vez la Coordinadora 25s se plantea seguir el trámite burocrático que, para restringir el derecho de reunión y manifestación, exige el Estado. De esta forma, la propia Delegada del Gobierno no podrá negar darse por enterada de que queremos que se vaya y del peligro que representa para los derechos fundamentales y la integridad física de las gentes de Madrid», afirman.