El juez de Instrucción número 11 de Madrid, Javier Pérez, ha dictado un auto en el que procesa al presunto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz, por cuatro delitos de agresión sexual, cuatro de detención ilegal, dos delitos de lesiones y una falta de lesiones ante los fuertes indicios de su autoría.
Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que el instructor procesa al presunto pederasta y le impone el pago de una fianza de 120.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven del proceso judicial.
Asimismo, el juez acuerda ratificar su situación en prisión provisional, que cumple desde el pasado 26 de septiembre. Recientemente, se le trasladó a la prisión de Herrera de La Mancha, situada en Ciudad Real.
Contra esta resolución, cabe interponer por parte de las partes recurso de reforma y apelación. Si se confirma el procesamiento, se procederá a la apertura de juicio oral una vez concluya la causa.
En cuanto a las penas de los delitos, el de detención ilegal acarrea una condena de cinco a seis años de prisión; el de agresión sexual, una pena de entre doce y quince años de cárcel; y el de lesiones, una pena de seis meses a tres años de prisión. Por tanto, los delitos sumarían 105 años de cárcel, teniendo en cuenta las penas máximas.
No concluye la causa
Respecto a otros hechos que se le imputaban al inicio de la causa, el magistrado recalca que la investigación «no ha permitido alcanzar evidencias o indicios de peso que permitan su procesamiento en relación con otros tres hechos» investigados en la instrucción.
Por ello, aclara que este auto no supone la finalización del sumario, que se halla pendiente de diversas diligencias de investigación, entre ellas la recepción del informe de la clínica médico forense sobre la veracidad del relato de las menores.
En la resolución, el magistrado especifica los hechos que se le imputan relativos al 24 de septiembre de 2013; al 10 de abril de 2014; al 17 de junio de 2014; y al 22 de agosto de 2014.
Pruebas incriminatorias
El juez cuenta como pruebas de incriminación las ruedas de reconocimiento que practicaron las menores en las que Antonio fue reconocido como su agresor sexual. Además, la Policía Científica halló sangre de una de las víctimas en el piso de Santa Virgilia número 3, donde los investigadores realizaron un exhaustivo registro.
También se encontró una huella de una de las niñas en el plástico de un colchón. Los restos de sangre pertenecían a una niña de 9 años que fue secuestrada el 10 de abril de 2014 a las 20.40 horas. La pequeña habría sido llevada a este piso, que por aquel entonces estaba de obras.
El juez habla en el auto de un informe sobre análisis de datos telefónicos del teléfono del acusado que concluye que coincide con la ubicación de dicho terminal en el lugar donde se cometieron los siete hechos investiogados.