La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte, que data del año 2001, momento en el que el municipio estaba gobernado por Arturo González Panero, imputado en la trama Gürtel.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, confirma la dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 17 de octubre de 2013, que anuló el proyecto urbanístico por vulneración de derechos fundamentales a concejales de la oposición al ocultar información del Plan General.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Alternativa por Boadilla, Ángel Galindo, ha señalado que en estos momentos «todo lo ejecutado» en el municipio «queda fuera de ordenación» y que habría que «retrotraerse al plan del año 1978». Así, ha explicado que se verían afectados los nuevos sectores construidos desde esa fecha, que son La Cárcava, Valenoso y El Encinar, entre otros.
«Todo lo realizado se queda fuera de ordenación, pese a que ya había sentencias fallando en contra. El PP ha ido desoyendo las sentencias de los tribunales. La Cárcava, Valenoso, El Encinar, todos los nuevos desarrollos y todo lo que se panificó para ampliar el techo poblacional de Boadilla desde 40.000 a 80.000 habitantes», ha indicado.
A su juicio, con las sentencia «se vuelve a reflejar» una gestión «absolutamente opaca, ilegal y de espaldas a los ciudadanos». «La consecuencia es que este planeamiento urbanístico desaparece de la realidad jurídica. Boadilla se ha quedado si norma urbanística dejando todas las operaciones que se plantearon en el año 2001 fuera de ordenación y sin amparo legal», ha relatado.
El edil ha explicado que la primera sentencia anulando el PGOU se dictó en el año 2003, pero que pese a la misma «se continuó desarrollando» el proyecto. «Han tratado de dilatar la decisión todo el tiempo posible y finalmente el TS ha venido a conformar lo que venimos defendiendo desde APB que González Terol venía desarrollando un PGOU nulo de pleno derecho y desarrollado por la trama Gürtel», ha indicado.
Galindo ha asegurado que la documentación que se negó a los concejales de la oposición fue la relacionada con los convenios urbanísticos que los propietarios de los terrenos habían firmado con el Ayuntamiento de Boadilla. «Había irregularidades en las fichas porque el Ayuntamiento no contemplaba el aprovechamiento urbanístico en cada sector con la finalidad de que no tuviera el justiprecio», ha puntualizado.
En cuanto al nuevo Plan de Urbanismo que está tramitando el Gobierno local y que en estos momentos está en la Comunidad de Madrid a la espera de su aprobación definitiva, ha subrayado que es una «copia del anulado». «Muchas de las licencias están en un limbo jurídico y en una más que preocupante situación gracias a esta gestión tan arbitraria y prepotente del partido popular», ha concluido.