La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado este martes que uno de los compromisos que lleva en su programa es ampliar el Abono de Transporte Joven hasta los 26 años y establecer una «tarifa plana» independientemente de las áreas de 20 euros mensuales.
«Va a beneficiar a muchísimas familias madrileñas, a unos 2,5 millones de usuarios, lo que supone el 16 por ciento del volumen total de abonos que se venden«, ha señalado Cifuentes en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, donde ha explicado que esta medida de ampliación de la edad supondrá pasar del límite de los 23 años actuales a los 26 años.
En cuanto a la tarifa plana, ha apuntado que el actual sistema tarifario es «muy complejo» y depende de la zona donde uno se vaya a mover. «Hay ocho zonas, y el abono más barato es de 35 euros, y el más caro, casi cien», ha indicado, por lo que se comprometo a establecer «una tarifa plana para todos los abonos jóvenes de transporte de 20 euros».
Actualmente el precio mínimo del abono joven es de 35 euros para la zona A (Madrid capital) y el máximo 97,4 para la zona E2 (permite viajar a Guadalajara, Cuenca y Toledo). De esta forma, el ahorro de las familias con dos hijos oscilará entre los 360 euros para los que residan en la capital y los 1003,2 euros para los que vivan en la zona C1, que es la más alejada, por ejemplo, Chinchón.
«Esto va a suponer un ahorro muy considerable para las familias», ha insistido, al tiempo que ha indicado que esta medida está «cuantificada económicamente», que es «costosa» y que la asumiría la Administración. «Bajando el precio vamos a conseguir más abonos», está convencida Cifuentes, que ha indicado que ahora la gente no se los saca y apuesta por los abonos de diez viajes.
El coste de la ampliación del abono joven de 23 a 26 años es de 16,5 millones de euros, mientras que el coste de la medida de la reducción de todos los tipos de abono joven a una tarifa plana de 20 euros es de 47,5 millones de euros, por lo que la suma del coste de las dos medidas es de 64 millones de euros, han señalado desde su candidatura.
«Esta medida es más progresiva a medida que nos alejamos del centro de Madrid y se justifica por el ahorro que supone para las familias y la mayor movilidad de las personas, así como la mejora en la competitividad económica al contribuir a la mejora de la movilidad«, han añadido.
Desde el equipo de la candidata también han señalado que estas medidas se enmarcan en uno de los compromisos que manifestó Cifuentes en el decálogo con el que concurre a estas elecciones: «evitar las desigualdades entre los madrileños que viven en distintas zonas de la Comunidad».
«Una de estas desigualdades se deriva del diferente precio que tienen que pagar en función del municipio en el que residen y partiendo de esta realidad he decidido introducir dos medidas que benefician directamente a los jóvenes», ha explicado.
Cifuentes también ha señalado que es partidaria de bajar impuestos y se ha comprometido a mantener la bonificación del Impuesto de Patrimonio así como a bajar en los dos primeros años el tramo cedido del IRPF «al menos en un punto» y el resto de impuestos cedidos como Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Aclaración de los hospitales
Por otro lado, se ha referido al anuncio realizado ayer respecto a seis hospitales de la red pública madrileña y ha indicado que después de la reunión que mantuvo en el Colegio de Médicos, «en los teletipos no se reflejaba exactamente lo que se había hablado». «Yo apuesto por el modelo actual, está funcionando muy bien, y ha convertido la sanidad pública madrileña en la mejor de España y de Europa», ha aclarado.
A su juicio, Madrid tiene «una red muy potente» con hospitales que «no se gestionan de la misma manera». «Son todos públicos pero hay cuatro que son públicos pero gestionados por empresas privadas», ha señalado, en relación al Hospital de Torrejón, el de Collado Villalba, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el Infanta Elena, en Valdemoro. Con estos cuatro, Cifuentes pretende mantener la gestión actual: es decir, «hospital público pero con gestión privada». «No va a haber cambio», ha asegurado.
Por otro lado, se ha referido a otros seis centros, construidos en el Gobierno de Aguirre, que «están gestionados por empresas públicas» pero quiere que «se integren en la red del SERMAS a todos los efectos«, que se «disuelvan» estas empresas públicas y se integren, sobre todo, «para dar estabilidad al personal médico que trabaja en estos centros y pueda acceder en las mismas condiciones».