El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado a declarar en calidad de imputados para el próximo 26 de junio al consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, y a la consejera de Educación, Lucía Figar, por delitos de corrupción en el marco de la causa en la que se investigan las «redes clientelares de tráfico de influencias» entre la red Púnica con la Administración Pública, informaron fuentes jurídicas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha llamado a declarar también como imputados a los diputados del PP en la Asamblea de Madrid Mario Utrilla y José Miguel Moreno para el 11 y el 18 de junio, respectivamente.
Asimismo, el consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación en funciones del Gobierno de Murcia, Juan Carlos Ruiz, comparecerá con la misma condición el próximo 22 de junio.
Todos ellos no se han presentado a las últimas elecciones autonómicas y, por lo tanto, perderán el fuero en el momento de la constitución de los nuevos Parlamentos regionales. En cualquier caso, si llegada la fecha de la declaración y los aforados siguen ostentando esta condición, el magistrado pospondría su citación.
La formación de la Cámara madrileña está prevista para el 9 de junio y de ella no formarán parte los hasta ahora diputados Utrilla y Moreno. Utrilla es miembro del Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde del municipio madrileño de Sevilla La Nueva desde 2007, donde su partido presentó a otro candidato, Asensio Martínez, en las elecciones del pasado 24 de mayo.
José Miguel Moreno, antiguo militante de Alianza Popular, fue alcalde de Valdemoro desde diciembre de 2003 hasta junio de 2011, una localidad en la que impulsó el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y regentó las áreas de Urbanismo y Obras cuando fue teniente de alcalde del equipo encabezado por Francisco Granados, considerado el cabecilla de la trama junto a su 'número dos' David Marjaliza. En 2011, Moreno anunció que no se presentaría a la reelección a la alcaldía de Valdemoro y Esperanza Aguirre le incluyó en la lista del PP a la Asamblea de Madrid.
El Gobierno regional negó el pasado enero «categóricamente» que Victoria estuviera relacionado con la trama y explicó que los contratos investigados se referían al «seguimiento de informaciones 'online' y servicios de clipping» de noticias de la Comunidad de Madrid y de su presidente, Ignacio González, como herramienta de trabajo para el seguimiento de todas las informaciones». Tanto Victoria como la consejera Lucía Figar no se han presentado en los últimos comicios autonómicos.
Detenciones en Murcia
La imputación del consejero murciano en funciones se suma a las de la exdirectora del Instituto de Turismo de Murcia, Mariola Martínez; el ex concejal del PP en Cartagena y exjefe de gabinete del consejero de Industria y Turismo, José Fidel Saura; y la exdirectora del INFO, Reyes Samper, que presentaron su dimisión. Además, se detuvo al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso (PSOE); y al exsecretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo.
El juez Velasco investiga las «redes clientelares de tráfico de influencias» constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el 30 de octubre a prisión por formar parte de una «organización criminal» desarticulada con la operación Púnica.
Las pesquisas contra la trama, que giraba en torno a dos conseguidores –los empresarios David Marjaliza y Alejando de Pedro Llorca–, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Lausanne (Suiza) informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por blanqueo de capitales.