Agentes de la Guardia Civil han logrado desmantelar y detener a los presuntos responsables de un grupo dedicado a ofertar la inserción de publicidad en revistas policiales inexistentes, haciéndose pasar por agentes de la Guardia Civil.
Esta investigación tuvo su origen en el año 2013, tras recibirse en el Puesto de Las Rozas varias denuncias de empresarios que habían realizado el pago para publicitar su empresa en una revista de ámbito policial, y que tras realizar el pago correspondiente no localizaban la publicación.
Con los datos aportados por las víctimas, los agentes iniciaron comprobaciones en las bases de datos, que les permitieron localizar numerosas denuncias relativas a prácticas similares repartidas por toda la geografía española, y que llevan practicándose durante al menos un periodo superior a una década.
Todas las comprobaciones desarrolladas por los investigadores les llevaron hasta dos empresas publicitarias situadas en Madrid capital, donde han sido detenidos los responsables de las mismas. Se hacían pasar por agentes de la Guardia Civil.
Las averiguaciones realizadas permitieron conocer que para lograr una mayor credibilidad, los detenidos realizaban de forma indiscriminada y gracias a las facilidades que aporta Internet para facilitar teléfonos, llamadas a empresas alegando ser guardias civiles y que se encontraban cerrando la edición de una revista de índole policial que sería distribuída entre el colectivo benemérito.
Una vez que convencían al empresario, y tras lograr la aportación económica deseada, le indicaban que le harían llegar ejemplares de la revista con la publicidad preinserta, hecho que no ocurría siempre.
La operación culminó cuando descubrieron que los detenidos habían ordenado la impresión de una revista a nombre de la Asociación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (ACFSE), cuyos representantes negaron conocer la existencia de la revista.
Por estos motivos, ayer fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, así como imputados otras nueve personas, todas ellas de nacionalidad española por su presunta implicación en los delitos de organización criminal y estafa.