miércoles, septiembre 25, 2024
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La Comunidad de Madrid tumba la adjudicación de la Ciudad de la Justicia

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha decidido suspender por el momento el faraónico proyecto de la Ciudad de la Justicia, a pesar de que poco antes de ser investida había asegurado que sí retomaría el procedimiento de adjudicación para estudiarlo porque consideraba que era una «buena idea». 

El Gobierno madrileño ha anunciado la decisión de suspender el proyecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, aunque ha matizado que el proyecto «no está paralizado». Según ha detallado el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, antes de la Ciudad de la Justicia «hubo un intento denominado Campus de la Justicia, con un objetivo similar», pero que «quedó formalmente disuelto».

Sin embargo, una de las adjudicatarias, Corsan Corviam Construcción, «dejó pendiente un contrato que era la redacción del proyecto del estudio de seguridad y salud y ejecución facultativa del edificio de los juzgados de lo social y mercantil del campus. 

Presentó un recurso, que en sentencias de marzo y abril de 2015, el Tribunal Administrativo de la Comunidad admitió, «pudiendo proseguir con la fase de adjudicación pero debiendo paralizar la última adjudicación del Consejo de Gobierno».

La Ciudad de la Justicia era el mayor proyecto de concentración de sedes judiciales de España, un negocio que estaba valorado en unos 1.350 millones de euros. Según datos del anterior Ejecutivo autonómico, la fase de construcción del proyecto generaría hasta 2.200 puestos de trabajo y un incremento del PIB en 0,4 décimas. Una vez realizadas las distintas sedes judiciales, darían servicio a más de 25.000 personas entre ciudadanos, trabajadores de la Justicia y otros trabajadores

El nuevo Gobierno regional de Cristina Cifuentes había solicitado hace unos días a sus servicios jurídicos un informe sobre las posibilidades de suspender el mayor proyecto de concentración de sedes judiciales de España. El Ejecutivo de Cifuentes no lo adjudicado porque no lo ha visto claro en ningún momento, aunque temían que dejarlo desierto pueda suponer alguna reclamación judicial millonaria.

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