El Gobierno municipal ha abierto una investigación por «indicios de claras irregularidades» en un «contrato blindado» entre la empresa pública Mercamadrid, participada en un 51 por ciento por el Ayuntamiento de la capital, y la sociedad Merca Ocio, que ha supuesto un daño patrimonial equivalente al 10 por ciento de los beneficios anuales de Mercamadrid.
Ahora Madrid llevará esta cuestión al consejo de administración de la empresa pública y después, tras cerrar unos flecos, lo elevará a la Fiscalía por si se trata de hechos constitutivos de delito. Tampoco eluden las posibles responsabilidades políticas aunque el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha reconocido que no ha hablado con la anterior responsable de Mercamadrid, la hoy delegada del Gobierno, Concepción Dancausa.
El equipo de Gobierno ha tenido conocimiento de esta situación a raíz de una información periodística de la Cadena SER. Los hechos arrancaron en julio de 2001, cuando Mercamadrid abrió un concurso por el que se ponía a disposición de empresas privadas la posibilidad de conseguir derechos de superficie para construir y explotar un hotel y un área de restauración.
La empresa Konin 22, perteneciente al grupo hotelero NH, se hizo con el concurso y traspasó los derechos a la empresa Merca Ocio 22, que accedió a la posibilidad de construir a cambio del pago de un canon mensual, algo que hicieron hasta marzo de 2010. Entonces se abrió un litigio por dos frentes, por parte de Mercamadrid, reclamando las cantidades impagadas, y por la concesionaria, que exigió 8 millones de euros «por el aparente incumplimiento de contrato» dado que consideraban que el Ayuntamiento no había concedido las debidas licencias.
El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, les ha acusado de mentir facilitando una documentación con todas las licencias otorgadas. Los pleitos acabaron en un acuerdo extrajudicial en noviembre de 2013, de modo que Mercamadrid renunciaba a las cantidades exigidas por los impagos del canon y Merca Ocio hacía lo mismo con la reclamación de daños, además de conseguir la formalización de un contrato de arrendamiento sobre las naves objeto de la explotación de la restauración.
Se trata, en palabras de Sánchez Mato, de «un área de restauración que no necesita Mercamadrid». El edil ha concretado que el precio del alquiler del «contrato blindado», firmado hasta 2032, es de 623.000 euros al año, lo que supone el 10 por ciento de los beneficios anuales de Mercamadrid.