A Salvador Victoria, exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid se le imputan cuatro delitos por el «trato de favor» que habría dispensado al presunto 'conseguidor' de la red Púnica Alejandro de Pedro, después de declarar ante el juez de la Audiencia Nacional.
El magistrado señala en un auto dictado este lunes que Victoria está relacionado con pagos en efectivo supuestamente ilícitos que habrían hecho varios empresarios y sociedades como Indra a los que habría procurado contratación en la Administración regional a cambio de la realización de encuestas y otros trabajos de interés político.
Velasco también señala que el ex número dos del Gobierno de Madrid adjudicó a las empresas de De Pedro contratos de reputación 'on line' e influencia en redes sociales con el fin de favorecer la imagen de varios políticos así como contratos de publicidad otorgados de forma amañada. Todos ellos fueron sufragados con fondos públicos.
El magistrado, que también ha impuesto al exconsejero la obligación de comparecer todos los meses en el juzgado más próximo a su domicilio, le imputa indiciariamente los delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.
Victoria fue llamado a declarar el pasado 26 de junio junto a la exconsejera de Educación Lucía Figar aunque el juez instructor, Eloy Velasco, pospuso la declaración tras admitir que le había citado cuando todavía era miembro del Gobierno regional y diputado autonómico y, por tanto, aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Los dos exconsejeros dimitieron de sus cargos el pasado 4 de junio, dos días después de conocerse su imputación en el procedimiento, en el que se investigan las adjudicaciones que sus respectivos departamentos realizaron al empresario valenciano Alejandro de Pedro.
Las diligencias judiciales, que permanecen secretas, vinculan a Victoria con tres supuestos pagos en negro por valor de 120.000 euros que desde la Administración regional se habrían reclamado a la empresa Indra que tendrían a De Pedro como conseguidor.
Los pagos habrían sido reclamados por el exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, dependiente del departamento que dirigía Victoria. En su declaración como testigo, las representantes del Ministerio Público preguntaron al expresidente de Indra Francisco Javier Monzón si ICM solicitó a la compañía tres pagos en B por valor de 90.000, 20.000 y 10.000 euros, respectivamente.
El compareciente aseguró que no le constaban los dos primeros y que el responsable de Operaciones de Indra, Santiago Roura, imputado en la causa, le había trasladado que existía «una situación un poco desagradable», en referencia al último pago de 10.000 euros. Según su versión, Martínez Nicolás reclamó este dinero aunque nunca se llegó a pagar. A cambio, Indra le ofreció un trabajo a una de las empresas de De Pedro, según consta en la declaración.
Monzón también aseguró no conocer a De Pedro «más allá» de haberle saludado «una vez» en un acto y añadió que nunca vio «ninguna irregularidad» en los contratos con la Comunidad de Madrid. En concreto, Indra realizó un contrato con EICO, una de las empresas de De Pedro, por un total de 12.000 euros.
Además, una de las trabajadoras del entramado, Esther Gutiérrez, admitió durante su declaración ante el juez Velasco haber concertado a principios de 2014 entre «siete u ocho citas» entre De Pedro y Salvador Victoria. «Tenía que insistir varias veces y al final le recibía», dijo.
Gutiérrez fue secretaria de dirección de una de las empresas vinculadas al exalcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa (PSOE), imputado en el procedimiento y socio del supuesto 'conseguidor' de contratos de la trama Alejandro de Pedro.
El Gobierno regional negó el pasado enero «categóricamente» que Victoria estuviera relacionado con la trama y explicó que los contratos investigados se referían al «seguimiento de informaciones 'online' y servicios de clipping» de noticias de la Comunidad de Madrid y de su presidente, Ignacio González, como herramienta de trabajo para el seguimiento de todas las informaciones».
En el 'caso Púnica' se investigan las «redes clientelares de tráfico de influencias» constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el pasado 30 de octubre a prisión por formar parte de una «organización criminal».