Trabajan cuatro meses al año, se juegan la vida en cada intervención, no copan portadas y no son reconocidos por las autoridades ni por la ciudadanía. Ésta es la descripción de un bombero forestal en la Comunidad de Madrid, aunque la situación se podría extrapolar a casi todo el territorio nacional. Cansados de una situación “precaria”, han aunado fuerzas y plasmado sus quejas en un dossier de más de 170 páginas que no tiene desperdicio alguno.
Alain, miembro de la Asociación de bomberos forestales de la Comunidad de Madrid (BfCam) y uno de los más activos en las reivindicaciones del gremio, afirma que la situación actual es “insostenible” y que el sector necesita un cambio para que el servicio sea “100% público”. En la actualidad, los servicios de los bomberos forestales en Madrid son una mezcla de lo público y lo privado. La externalización de la actividad la llevan dos compañías, Infosa y Matinsa, que son elegidas “a dedo por ser amigos de los políticos”, según los sindicatos. De hecho, la Administración no fiscaliza a estas empresas, lo que genera situaciones de impunidad, según la Asociación de Bomberos Forestales de Madrid. “Es una práctica habitual que la Comunidad pague a Infosa y Matinsa por llevar cuatro motosierras en el camión, pero en realidad sólo hay dos. ¿Dónde va a parar ese dinero?”, espeta Alain.
La Comunidad paga por cada trabajador privatizado a la empresa privada 20,74 € por hora trabajada. A lo largo de un mes, el costo es de 3.111€ por persona. Esto supone para la administración un sobrecargo de 1.428,42€ al mes por trabajador. También paga horas extras a los trabajadores públicos (funcionarios) que hacen guardias forestales de 12 horas, 29,90€ por hora trabajada. A lo largo de un mes, el costo es de 10.764,00€ por persona. Esto supone para la Administración un sobrecargo de 7.398,83 € al mes por trabajador. La guardia del personal laboral es de 10 horas, según refleja el dossier presentado por la Asociación de bomberos forestales de la Comunidad de Madrid.
Pero el “negocio del fuego” no acaba en el poco control de los presupuestos. El uso desproporcionado del renting es otro de los puntos que acapara el mayor número de criticas. “Después de pagar durante cinco años un precio desorbitado por la renta anual de los vehículos que sólo se utilizan cuatro meses al año, están dispuestos a comprarlos a precio de vehículos nuevos. Peor es el caso de las emisoras de radio: una nueva cuesta 300 euros. Sin embargo, se pagan 100 euros de renta al mes por cada emisora”, según se puede leer en el informe redactado por la BfCam.
«Se pagan 100 euros al mes por una emisora cuando una nueva cuesta 300 euros»
El último inconveniente de contratar empresas privadas para realizar un servicio que “debería” de ser público es el “control” que las compañías ejercen sobre sus empleados. “Dos trabajadores de Infosa no han sido contratados este año por haber sido vistos en una manifestación y otro está en casa sin trabajar por la misma razón, aunque siga cobrando de la empresa por una sentencia judicial. Muchos del sector privado tienen miedo a represalias e incluso aceptan condiciones de trabajo que ponen en riesgo su integridad”, afirma Alain.
“Servicio 100% público”
Son cinco las principales reivindicaciones de los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid. Aunque la más importante tiene que ver con la privatización. Desde la Asociación defienden que a finales de 2016, que es cuando termina el contrato de la Comunidad con Infosa y Matinsa, el servicio pase a ser 100% público. Para llevar a cabo esta reconversión proponen tres métodos: Los empleados que pertenezcan a Infoma pasarían a ser personal público a todos los efectos; los trabajadores que estén en el sector privado, pero que provengan de Infoma (empresa pública) pasarían al sector público al igual que en el primer supuesto; y por último los trabajadores que provengan de Infosa y Matinsa (privadas) pasarían unas pruebas para poder completar una plantilla de servicio 100% pública.
En un primero momento, se pudiera pensar que son “demasiados trabajadores”, pero la realidad es bien distinta. De hecho, después de la reestructuración debería de realizarse oposición abierta para cubrir algunas vacantes, según la Bfcam. Sin dejar nada al azar, también tienen pensado qué hacer hasta el 2016, que es cuando el servicio debería quedar totalmente limpio de privatización.
«No contamos con el apoyo de los bomberos»
“Los primeros pasos serían de transición. Los trabajadores que estén contratados sólo por cuatro meses pasarían a reforzar el parque de bomberos de la Comunidad de Madrid que en estos momento está sin utilizar por falta de personal”, afirma Alain. Es en este momento cuando surge otro problema: las reticencias y los celos de los bomberos. “Desgraciadamente no hemos encontrado demasiado apoyo por parte de los bomberos. Al reclamar mayor formación y poder actuar en inundaciones… piensan que queremos usurpar sus competencias. Sólo se quedan con la frase: 'queremos ser bomberos'. Creo que deberíamos de remar en la misma dirección porque muchos de ellos no saben que ser bombero es un oficio, no una categoría, que es algo que también defendemos nosotros”, relata Alaín.
Doce meses de trabajo
La transformación del sector y el reconocimiento de categoría como bombero forestal no es la única lucha que deben librar. Una jornada laboral digna es el tercer pilar en el que sustenta esta reivindicación. En la actualidad, existen dos tipos de empleados: los que trabajan sólo cuatro meses al año (riesgo alto de incendios) y los que están contratados durante todo el año. En el sector privado el 70% son trabajadores que trabajan durante todo el año. El objetivo es que todos pertenezcan a esta última jornada y dejen atrás sus contratos de fijos discontinuos. Para ello proponen reforzar parques de bomberos, aumentar el personal de prevención, porque “es mejor priorizar la prevención frente a la extinción” o extender el periodo de riesgo. Con estas medidas se evitaría la “precariedad laboral”.
Apoyo de Podemos y PSOE
Aunque el movimiento de protesta adquiere en estos momentos un protagonismo a nivel nacional, es en la Comunidad de Madrid donde parece más arraigado. De momento, la propuesta de ley que pretenden presentar para que se reconozcan su categoría “sólo” ha encontrado el apoyo de Podemos y PSOE, aunque Alain reconoce que están “en conversaciones” con Ciudadanos. Lo que si es seguro es que no cuentan con el visto bueno del gobierno de Cifuentes y que tendrán que “pelear” mucho para que su sueño de tener un servicio 100% público se haga realidad.