La revisión del polémico contrato adjudicado a la compañía Ferrovial para gestionar una de las factorías del vertedero de Valdemingómez no es una prioridad para el Ayuntamiento de Madrid, de manera que pese a la oposición vecinal no se paralizará este contrato otorgado por Botella cuando estaba en funciones. Fuentes del consistorio confirman a este diario que por el momento no ha habido ningún movimiento ni ninguna alteración sobre la controvertida licitación otorgada a la compañía para la explotación de la planta de tratamiento de biogás del parque tecnológico de Valdemingómez. “No hay ninguna novedad al respecto y hay otras prioridades como por ejemplo el plan de limpieza o el plan de calidad del aire”, afirman fuentes del consistorio a Estrelladigital.es
El pasado 1 de junio el gobierno en funciones de Ana Botella sacó a concurso público la gestión de la planta de biogás del vertedero. Ferrovial fue la empresa ganadora y se hizo con el contrato por valor de 16,3 millones de euros y 11 años de duración. Fueron los últimos pasos de la exalcaldesa, sin embargo, no había prisa puesto que el convenio actual no presentaba fecha de caducidad. La urgencia en los trámites hizo saltar las alarmas. “Cerrar un contrato a pocos días de celebrarse las elecciones nos pareció impropio, no se puede blindar un contrato antes de los comicios”, denuncia a Estrelladigital.es Enrique Villalobos, presidente de la Asociación de vecinos del Ensanche de Vallecas.
Una vez adjudicado el contrato la pelota quedó en el tejado de Manuela Carmena, recién investida alcaldesa de la capital. Ahora es el nuevo Gobierno madrileño el encargado de formalizar el contrato que cuenta con la posibilidad de paralizar la licitación, aunque solo puede hacerlo a través de una indemnización. Se desconoce la cuantía del coste puesto que el pliego de condiciones del contrato, por el momento, no se ha hecho público. Aún así, tal y como han explicado fuentes del consistorio, no es una de las prioridades de la nueva alcaldesa y parece haberlo dejado aparcado a pesar de la polémica. «Ese tipo de dilemas son los que provocan este tipo de situaciones que además no son casuales», apunta Villalobos.
Los vecinos denuncian la opacidad en los trámites de la licitación
Desde la Asociación de vecinos del PAU del Ensanche de Vallecas denuncian desde hace años la poca transparencia a la hora de gestionar los distintos departamentos que tratan los residuos de la capital. “El mal llamado complejo tecnológico de Valdemingómez está trufado de unas relaciones empresariales muy poco transparentes donde al final vemos como resultado que la gestión se reparte entre varias UTE (Unión Temporal de Empresas) a las que casualmente cada una de ellas está liderada por una gran empresa”, critica Villalobos. “Llama poderosamente la atención que las grandes empresas tengan un reparto equivalente de esta tarta. Entendemos que hay una relación poco clara y poco transparente. La justicia dejó bien claro que había problemas en la competencia y en este reparto tan manifiesto”, añade.
El pasado mes de enero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó con un total de 98,2 millones de euros a 39 empresas y tres asociaciones de gestión de residuos y saneamiento urbano por considerar que existe una práctica concertada de reparto del mercado. En concreto, el organismo sanciona a las grandes empresas –FCC, Cespa, Ferrovial, Urbaser, ACS, Valoriza y Saica- por “repartirse los clientes y las licitaciones públicas” con multas conjuntas que superan los 72 millones de euros. “Las empresas se repartieron licitaciones públicas a través de la presentación de ofertas conjuntas bajo UTE o no concurriendo a las mismas a cambio de la subcontratación de servicios”, explicó la CNMC en un comunicado.
Por eso, los vecinos de Vallecas piden al Ayuntamiento que revise la adjudicación para preservar el bienestar de los ciudadanos y del medioambiente, pero por el momento no han obtenido respuesta. Además, se encuentran en una posición difícil puesto que no están de acuerdo con que el Gobierno madrileño asuma el coste de la indemnización para paralizar el trámite y creen que el verdadero problema reside en la normativa que permite llevar a cabo este tipo de contratos. “Sin saber las consecuencias a nosotros nos cuesta decidir o posicionarnos, porque si revocarlo supone un agujero para las arcas de la ciudad no estamos de acuerdo. Lo que nos parece increíble es que la normativa permita que se adjudique un contrato por el volumen económico y por la duración como se ha hecho en este caso, parece tercermundista, de república bananera”, afirma Villalobos. Aunque se han puesto en contacto con el consistorio se limitan a contestar que lo están “estudiando”.
La asociación cree que el parque tecnológico de Valdemingómez funciona como un “negocio” y que ese modelo de gestión perjudica directamente a los vecinos y a su salud. “Si nadie vigila en condiciones lo que son los análisis de las emisiones, los olores que genera, etc. Es el ciudadano el que sale perdiendo a costa de que un grupo de empresas engorden la billetera con los beneficios de esa explotación. Ese es el gran problema, cuando un contrato se adjudica de manera opaca pues todo apunta a hacerlo funcionar de esa manera”. Por otro lado, desde la Comisión de Residuos de Ecologistas en Acción preparan un informe de alegaciones que entregarán al Ayuntamiento y a la Consejería de Sanidad para exigir que esta renovación de autorización solucione los problemas de impacto ambiental y sanitario además del despilfarro de recursos: «Si no se soluciona no debería autorizarse que Valdemingómez siga funcionando».