El exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que medió para que la Administración regional pagara unos 21.000 euros al presunto conseguidor de la red de corrupción Púnica, Alejandro de Pedro, pero que nunca ordenó ni realizó ningún abono con dinero negro, informaron fuentes jurídicas presentes en su comparecencia.
Victoria, que ha declarado como imputado durante más de tres horas, ha señalado que realizó esta gestión porque se lo pidió la directora general de Medios de Comunicación, Isabel Gallego, a la que ha señalado como la persona que contrató a De Pedro. «Le atendí porque era muy insistente y traté de tranquilizarlo», ha explicado.
No obstante, ha matizado que los trabajos que las empresas de De Pedro (Madiva y EICO) realizaron para la Comunidad de Madrid consistieron en el posicionamiento en redes sociales de las labores de la Administración regional y no en la mejora de la reputación 'on line' del entonces presidente Ignacio González o de sus consejeros. «Mi Twitter me lo llevo yo», ha asegurado, según las fuentes presentes en el interrogatorio.
El exconsejero, que se negó a declarar en dos ocasiones en el marco de este procedimiento por discrepancias técnicas sobre el procedimiento, solicitó comparecer ante el juez instructor tras haber conocido el contenido íntegro del sumario, cuyo secreto fue levantado el pasado 22 de julio.
Dos declaraciones fallidas
Victoria acudió por primera vez a la Audiencia Nacional el 26 de junio aunque el juez instructor pospuso su declaración después de que su defensa, ejercida por el abogado José Javier Vasallo, planteara que había sido citado cuando todavía era miembro del Gobierno regional y diputado autonómico y, por tanto, aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El magistrado le volvió a tomar declaración el 20 de julio aunque Victoria volvió a ejercer su derecho a no declarar. Tras la comparecencia, Velasco le prohibió salir del territorio nacional, ordenó la retirada de su pasaporte y le impuso comparecencias mensuales para asegurar su sometimiento al procedimiento judicial.
Pagos ilícitos
Según el juez, Victoria está relacionado con al menos cinco pagos en efectivo que habrían hecho varios empresarios y sociedades como la multinacional Indra, a los que habría procurado contratación en la Administración regional a cambio de la realización de encuestas y otros trabajos de interés político.
Además, habría adjudicado a las empresas de De Pedro contratos de reputación 'on line' e influencia en redes sociales con el fin de favorecer la imagen de varios políticos, así como contratos de publicidad que se otorgaron de forma amañada. Todos ellos fueron sufragados con fondos públicos.
En concreto, el juez Velasco sospecha que la multinacional Indra realizó tres supuestos pagos en negro por valor de 120.000 euros. De Pedro relató ante la Guardia Civil que una de esas retribuciones se efectuó en un vehículo de alta gama, «un Audi, Mercedes o BMW», en el parque empresarial de La Moraleja. Le dieron un sobre con 10.000 euros y le dijeron que «se bajara del coche».
El pago se hizo a instancias del exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, dependiente del departamento de Victoria. «Pepe me dijo que fuera a un sitio, que me estaba esperando una persona de Indra y asistí. Cuál fue mi sorpresa que cuando asistí, tenía un sobre debajo del asiento. Me dijeron: 'Coge el sobre y abre la puerta'. Había 10.000 euros», señaló después ante el juez.
Del mismo modo, el también imputado Víctor Torres admitió ante el juez instructor que entregó dos sobres con dinero negro porque el empresario para el que solía trabajar en la organización de eventos para la Comunidad de Madrid le encargaba muchos trabajos y llegó a colocar a su hijo. «Yo soy un desgraciado. Pequé de idiota», afirmó.
Según su declaración, a la que tuvo acceso Europa Press, las entregas se produjeron en el Hotel de Las Letras de Madrid y tuvieron como destinatarios a De Pedro y a su socio, el exalcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa (PSOE).