El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha admitido la personación como acusación en el 'caso Púnica' de la Comunidad de Madrid aunque le ha obligado a actuar en el procedimiento bajo la dirección procesal de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), colectivo de orientación progresista que logró encarcelar al extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, informaron fuentes jurídicas.
La decisión del magistrado, que ha sido adoptada tras consultar a las fiscales Anticorrupción María Teresa Gálvez y Carmen García, permitirá a la Administración regional acusar a los cuatro exconsejeros de los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González que permanecen imputados en el procedimiento.
Se trata del antiguo titular de Justicia e Interior y ex secretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, supuesto cabecilla de la trama junto al constructor David Marjaliza; el de Presidencia y Justicia Salvador Victoria; y los exconsejeros de Educación Lucía Figar y Manuel Pérez Gómez.
En la causa también están imputados el ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás y la ex directora general de Medios de Comunicación Isabel Gallego.
La Comunidad de Madrid tiene previsto recurrir la decisión del juez, que fue adelantada por Vozpopuli.com, al considerar que «no defiende los mismos intereses» que ADADE, según han informado fuentes del Ejecutivo autonómico, que han precisado que las dos partes seguirán en el procedimiento «diferentes líneas de actuación».
La intención del Ejecutivo autonómico de personarse en el 'caso Púnica' la hizo pública su presidenta, Cristina Cifuentes, el pasado 28 de julio, cuando justificó su interés en «razones de transparencia» y con el objeto de «defender de una mejor manera los intereses de los propios madrileños y de la Administración regional».
La 'operación Púnica', que estalló en octubre de 2014, ha provocado la imputación de un centenar de personas entre las que, además de los cuatro exconsejeros, se encuentran una decena de antiguos alcaldes madrileños.
La trama se adjudicó de forma presuntamente irregular contratos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación 'on line' en tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una decena de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.