La Audiencia Nacional juzgará a partir del próximo jueves a 14 directivos de la sociedad filatélica Afinsa acusados de causar un perjuicio de 1.928 millones de euros a cerca de 200.000 pequeños ahorradores y para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide penas de entre dos años y medio y 19 años de cárcel.
La cúpula de la compañía se sentará en el banquillo de los acusados ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal por delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública, que habrían cometido al organizar entre los años 1998 y 2006 un «engaño» a través de la comercialización de sellos que no tenían el valor que se les atribuía y que experimentaban «revalorizaciones inexistentes». Las sesiones del juicio se extenderán hasta el 20 de enero de 2016.
En su escrito provisional de acusación, Anticorrupción sostiene que Afinsa Bienes Tangibles desarrolló «un negocio de captación de ahorro masivo, llevado a cabo en multitud de locales en numerosas poblaciones españolas, mediante la formalización de unos contratos tipo de inversión en sellos que ofrecían el atractivo de unas rentabilidades superiores a los productos de inversión comercializados por las entidades financieras, basadas en una revalorización de la filatelia».
La Fiscalía resalta que el negocio de Afinsa tenía «la apariencia empresarial de una actividad lícita» de compra de sellos por parte del particular, el depósito de los mismos a cargo de la empresa y un compromiso de recompra posterior.
«Sin embargo, ni los sellos valían lo que se pagaba por ellos, ni se revalorizaban en la medida que se retribuía al ahorrador, con lo que la única viabilidad del negocio, tal y como se diseñó, consistía en reproducir ad infinitum esa misma práctica defraudatoria con nuevos clientes», señala el escrito.
Las nuevas aportaciones eran utilizadas para «pagar las desinversiones y rentabilidades» de los primeros clientes, «a quienes se les hacía creer que las cantidades que se les abonaban procedían de la revalorización de los sellos».
Este mecanismo de financiación generaba «nuevos compromisos económicos y crecientes gastos de la sociedad», lo que provocó que, en mayo de 2006, fecha de la intervención judicial, Afinsa se encontrara en «una situación de absoluta insolvencia perfectamente conocida por los responsables de la compañía, que ocultaron mediante una falsa contabilidad para mantener la continuidad de la empresa y, con ella, su fraudulento negocio».
Por esas fechas la compañía tenía un creciente patrimonio neto negativo de 1.928.614.000 euros, con un pasivo derivado de los contratos de 2.574.343.530 euros (2.221 millones de euros de principal y 353 millones de euros de intereses). En la fecha de la intervención Afinsa tenía 190.022 clientes que eran titulares de 269.570 contratos filatélicos en vigor.
La mayor petición de pena es para el expresidente de Afinsa Juan Antonio Cano Cuevas, que se enfrenta a 19 años de prisión. El Ministerio Público también pide 16 años para Carlos de Figueredo, 15 para Albertino de Figeuiredo Nascimento y Vicente Martín Peña, 13 para Emilio Ballester López.
Completan la relación de acusados Joaquín José Abajo (11 años),Francisco Guijarro (8 años), Gregory Manning (5 años), Esteban Pérez (4 años), Ramón Egurbide (4 años), Ramón Soler (3 años y un día), Francisco Blázquez (2 años y un día), Juan Domingo Brualla (2 años y medio) y Jordi Domingo (2 años y medio).