La Audiencia Provincial ha acordado este miércoles la puesta en libertad de Alberto Portuondo, presunto testaferro del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, tras estimar que han decaído varias de las razones por las que el juez de instrucción de Madrid número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal ordenó su ingreso en prisión el pasado 16 de agosto. Está imputado en presuntos delitos relacionados con la causa en la que se investiga a Rato de fraude a Hacienda, blanqueo y de corrupción entre particulares.
Portuondo es responsable de la empresa Albisa S.L., que según la investigación habría actuado como empresa pantalla para el cobro por parte de Rato de comisiones por cerca de dos millones de euros de empresas proveedoras de Bankia. Más de 800.000 euros habrían ido a parar a Kradonara SL, propiedad del exrpresidente del FMI, bajo la apariencia de pagos por servicios que realmente no se prestaron.
La Audiencia de Madrid considera que se han acreditado nuevas circunstancias personales que obligan a cambiar la situación procesal del investigado, como son la cancelación del arrendamiento de vivienda en Méjico y el cese de su relación laboral con la empresa allí asentada; la situación económica que atraviesa tras el empobrecimiento padecido en su actividad empresarial, su arraigo familiar en España y un problema de salud por el que ha recibido tratamiento.
Este conjunto de hechos -consideran los magistrados- reduce sensiblemente el riesgo de fuga que en un primer momento se estimó determinante para decretar la prisión provisional.
No obstante, la Sala revoca la prisión provisional pero obliga a Portuondo a hacer entrega de su pasaporte ante el Juzgado de Instrucción que sigue la causa, además de ordenarle que comparezca diariamente ante el mismo órgano de conformidad con lo previsto en el artículo 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Agravio comparativo
En su recurso de apelación, la defensa de Portuondo alegaba la existencia de un agravio comparativo entre Portuondo y el resto de imputados en esta causa, que son más de una decena y ninguno de los cuales se encontraba en prisión, teniendo alguno de ellos bienes e inversiones en el extranjero. En su demanda aludía expresamente al propio Rato, a su secretaria Teresa Arellano y otro presunto testaferro del exvicepresidente, Miguel Ángel Montero.
La Sala le contesta que en su situación «pesó de manera especial su arraigo principal en un país extranjero», donde tenía no sólo su residencia sino su actividad laboral, una circunstancia que ahora ha decaído.
Por ello, la Audiencia de Madrid entiende que Portuondo se sitúa ahora «en una situación de implicaciones personales que puede ser equiparable a la de los restantes procesados en este proceso» y accede a su puesta en libertad aunque con la obligación de comparecer diariamente ante el juez, cuando el resto de investigados sólo deben hacerlo una vez al mes.
La Fiscalía había informado en contra de la puesta en libertad de Portuondo al entender que persiste el riesgo de fuga, una circunstancia que no aprecia en el resto de imputados.
Kradonara, constituida en 2001 y de escasa actividad cambió radicalmente a partir de 2011, momento en el que pasó a dedicarse a la prestación de servicios de consultoría, según se afirma en la investigación judicial.
A partir de ese punto comenzó a recibir grandes cantidades de divisas, que el magistrado cifra en 6,5 millones de euros, y que proceden de transferencias de tres empresas, la británica Vivaway, la panameña Westcastle Corporation y Red Rose, radicada en Bahamas. Esta primera línea se cruza con una segunda en la que aparecen dos empresas de publicidad que disfrutaron de contratos con Bankia durante la presidencia de Rato.
Zenith y Publicis pagaron comisiones por importe de 800.000 euros a cambio de estos anuncios y más de la mitad se derivaron a otra empresa relacionada con Rato. Se trata de la compañía Bagerpleta, con sede en Alemania y propietaria de un hotel en Berlín.
Esta empresa encabeza una de las líneas de investigación del caso. El juez asegura que recibió no sólo el dinero de las comisiones de los contratos publicitarios sino un millón de origen desconocido remitido por Kradonara y Vivaway, otros 100.000 euros procedentes de Telefónica e «ingresos defraudados a Hacienda procedentes de la asistencia de Rato a congresos y conferencias».
El Juzgado de Instrucción 31 de Madrid mantiene imputadas, además de a Fernández Norniella y las dos nuevas personas que el juez relaciona con la comisión de delitos, a otras 11 personas por la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo y corrupción entre particulares.
Además de Rato, investiga al presunto testaferro Alberto Portuondo -el único que fue sido enviado a prisión- el abogado Domingo Plazas, la que fuera secretaria del exvicepresidente del Gobierno Teresa Arellano y otro presunto testaferro Miguel Ángel Montero.
Serrano-Arnal también mantiene la imputación sobre la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, el consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal, así como dos directivos de ambas sociedades. Se encuentran, además, imputados el exdirector de Comunicación de Caja Madrid y Bankia Miguel Robledo y una empleada de Portuondo.