Si es usted un agente de la policía local de Madrid, procure morir en acto de servicio si aspira a un reconocimiento pleno por parte del consistorio. Es lo que se desprende, al menos, de la última decisión de Andrés Serrano Sanz, director de la Policía Municipal de Madrid. La dirección ha ordenado suprimir la publicación de las esquelas mortuorias en los casos de fallecimientos de componentes del cuerpo y no enviar coronas fúnebres a los policías en situación de jubilación. Hasta ahora, era el Ayuntamiento el que corría con los gastos que ocasionaban ambas actuaciones.
Las reacciones no se han hecho esperar y desde El CSIT (Coalición Sindical Independiente de Trabajadores) ya han transmitido su malestar a Andrés Serrano Sanz a través de un escrito dirigido a su persona. El sindicato reclama que «reconsidere» su postura y alega que la publicación de las esquelas mortuorias y el envío de coronas fúnebres a los fallecidos en situación de jubilación son «un reconocimiento» por los servicios prestados.
Además, también manifiestan que en multitud de ocasiones tienen conocimiento del fallecimiento de excompañeros por su publicación en la orden de servicio y gracias a ello pueden transmitir el pésame a familiares y amigos. Es decir, si desaparece este procedimiento muchas defunciones caerán en el olvido. Por último, el cuerpo califica el acto de enviar una corona fúnebre a los policías fallecidos como «imprescindible por lo emotivo» y no como «un gasto innecesario».
Desde la llegada de Manuela Carmena al Ayuntamiento de Madrid, los desencuentros entre la Policía Municipal y el consistorio están a la orden del día. Una de las primeras decisiones de la alcaldesa fue designar a Andrés Serrano Sanz, director de la Policía Municipal de Madrid. El nombramiento de una persona tan cercana a Podemos no sentó bien dentro del gremio policial. Desde entonces, la tirantez y las acusaciones entre el cuerpo y su director no han dejado de aflorar.
El 20 de octubre el consistorio madrileño decidió cerrar los tres bares de la Policía Municipal en los cuales se reunían los agentes en sus descansos y fuera del servicio. Estos locales eran frecuentados incluso por policías nacionales y miembros de la Guardia Civil. El compadreo y la camaradería fueron eliminados al clausurar las cafeterías que destinaban parte de sus beneficios a los niños huérfanos del cuerpo. Un día después del cierre, el El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid, Javier Barbero, informó a la Fiscalía sobre una documentación que hacía alusión a una posible «ilegalidad» sobre una presunta 'caja B' de más de 70.000 euros en los tres bares gestionados por la Policía Municipal.
La Policía Municipal contraatacó y denunció a través de sus sindicatos más importantes las condiciones precarias en que trabajan. «El gobierno de Carmena nos ha mentido. Nos prometió chalecos antibalas y todavía no hemos recibido ninguno. En principio, a comienzos de 2016 llegará una primera partida de 500 chalecos, por lo que tendremos que compartirlos, y aún así no alcanzarán para todos los agentes. Se espera que en 2017 todos los agentes municipales tengamos protección antibalas», declaró a Estrella Digital Julián Leal, secretario de difusión del CPPM (Colectivo Profesional de Policía Municipal).
En medio de un conflicto que no parece acabar han aparecido ahora unos nuevos protagonistas indefensos: los policías fallecidos en situación de jubilación, que no tienen culpa de nada y a quienes el Ayuntamiento les niega su reconocimiento.