Dos gobiernos, una cooperativa, un grupo de ecologistas y un terreno en pleno distrito de Chamberí dan como resultado una 'guerra' que puede dejar sin viviendas a 45 miembros de una cooperativa. Los inicios del conflicto se remontan al año 2014, cuando el solar que ocupan las cocheras de Metro de Madrid, situadas en la confluencia de las calles de Pablo Iglesias, Reina Victoria y Bravo Murillo, fue adquirido por un colectivo de 443 familias por más de 80 millones de euros para una promoción de viviendas en régimen de cooperativa.
Por ley, el Ayuntamiento de Madrid puede reclamar el 10% de cualquier terreno con planes de acción urbanística o monetizar la operación y recibir el 10% del montante económico final del proyecto. En este caso, el gobierno de Ana Botella eligió y pactó, pero sólo «verbalmente» con el Grupo Ibosa, que engloba a las 443 familias de la cooperativa, una cantidad de dinero que suponía el 10% del total. Las demoras burocráticas hicieron que el acuerdo no se firmara antes de las últimas elecciones municipales de mayo. El resultado de los comicios dio la victoria a Manuela Carmena por delante de la popular Esperanza Aguirre. A pesar del cambio de gobierno, el Grupo Ibosa confiaba en que el nuevo equipo respetara el supuesto acuerdo 'verbal'. Error.
Adiós a las grandes operaciones
Revisar todas las operaciones urbanísticas aprobadas por el Partido Popular era una de las principales promesas de Ahora Madrid. Dicho y hecho. Nada más llegar al poder, Carmena paralizó operaciones tan importantes como la del Calderón o la de Chamartín. Dentro de los grandes proyectos inspeccionados también se encontraba el que afecta a la cooperativa que había comprado los terrenos de las cocheras del Metro de Madrid, situadas en el distrito Chamberí. La postura del gobierno municipal respecto a este proyecto fue clara y tajante: «Rechazamos la monetización y queremos el 10% del suelo que por ley nos pertenece».
El conflicto está servido. La nueva resolución deja sin viviendas a 45 vecinos de la cooperativa y, según algunos socios, pone «en peligro» el proyecto. Desde el Grupo Ibosa afirman que desde un primer momento se han «intentado buscar soluciones» y que han llegado a ofrecer «todo tipo acuerdos». Además, señalan que el anterior equipo de gobierno necesitaba el dinero para «reducir» su deuda. Incluso, aseguran que han llegado a ofrecer el 10% de los terrenos de otras operaciones urbanísticas de la capital.
Hasta el momento, el consistorio ha rechazado todas las propuestas porque «no necesita que nadie gestione sus recursos» y porque consideran «más importante» dotar a la zona de «una escuela, una zona verde o un centro cultural, por ejemplo» antes que una cantidad de dinero. Desde el Ayuntamiento también resaltan que es «totalmente legal» reclamar el 10% del suelo y culpan a la cooperativa de «vender más pisos de los permitidos», cuando «sólo tenían un acuerdo verbal con el anterior gobierno». El grupo Ibosa informó a este diario que en no más de dos semanas se produciría una reunión con el Ayuntamiento, pero fuentes del propio consistorio «niegan» cualquier tipo de encuentro, porque «todavía estamos estudiando qué hacer con el 10% del terreno».
Un edificio «con elementos protegidos»
Pero el problema de la monetización no es el único que entraña la operación. El Ayuntamiento también estudia una denuncia de Ecologistas en Acción, que reclama paralizar el proyecto porque en el terreno se encuentra un antiguo edificio del Metro de Madrid con «elementos protegidos». Por su parte, el grupo Ibosa lucha para que esta denuncia no prospere y para que el consistorio apruebe la propuesta de aumentar el nivel de uno de los edificios de 20 a 25 plantas.
Aunque el asunto todavía no está resuelto, ya se han producido las primeras movilizaciones de los socios para defender sus derechos. De hecho, en la propia página web del Ayuntamiento, en el apartado 'Madrid Decide', hay un escrito que denuncia la situación y que ya acumula 538 apoyos y más de 100 comentarios.
Al final, los únicos perjudicados de todo este conflicto son 45 familias que pueden ver como se esfuma su sueño de tener una casa en propiedad en el distrito de Chamberí. Desde el grupo Ibosa informan de que, si el Ayuntamiento cumple su amenaza de reclamar el 10% del terreno, el criterio para expulsar a los socios sería «la antigüedad». Es decir, los últimos 45 en sumarse al proyecto no tendrían acceso a una vivienda.
El problema parece haberse convertido en un juego de naipes en el que cada uno pretende aprovechar sus bazas. El Ayuntamiento se aferra a la legalidad para encontrar una «solución» que deje contento «a todos»; la cooperativa comienza a utilizar a los medios de comunicación para «ejercer presión» y Ecologistas en Acción apela al valor histórico y arquitectónico de un edificio para paralizar un proyecto demasiado jugoso para todas las partes.