El exdiputado del PP y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, ha remitido una carta a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, en la que le pide amparo por las injurias recibidas al no comparecer en la Comisión de Estudido del cierre de la sociedad Campus de la Justicia de Madrid. En la misma carta, expone que se encontraba fuera de España y se ofrece a comparecer de manera voluntaria a partir del 6 de enero.
En la misiva, Alfredo Prada, que declinó concurrir como candidato en los comicios del 20D, expone que a su «regreso a España» ha visto con «estupor» las reacciones contra su persona, que califica de «desmedidas, insultantes y presuntamente injuriosas y calumniosas», realizadas por algunos miembros de la Asamblea de Madrid, debido a su «ausencia justificada» que provocó «declinar» su «comparecencia voluntaria» en la citada Comisión de Estudio.
En opinión del exdiputado popular, «se conculcan los principios básicos de un Estado de Derecho si una persona es objeto de graves descalificaciones por el simple hecho de declinar una invitación de comparecencia voluntaria en una Institución del Estado». «El mismo derecho tienen los parlamentarios a invitar a comparecer como los ciudadanos a asistir o no», apostilla en su carta.
''Dejo el cargo en 2008 y lo que se estudia es a partir de 2009''
Además, Prada recuerda que él dejó de ser consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid en 2008 y el objeto de la Comisión es el estudio de la deuda ocasionada por el «hecho de demorar el cierre de la sociedad pública Campus de la Justicia, desde el año 2009, cuyo desarrollo el Gobierno acordó paralizar, como consecuencia de la grave crisis económica, hasta el año 2014 cuando parece ser que, definitivamente, se liquidó la sociedad».
En este sentido, expone que él no tiene «ninguna relación» con el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde mediados del año 2008, y explica que durante su gestión, «la referida sociedad fue anualmente auditada, de conformidad con la legalidad vigente, y sometida a la fiscalización permanente de la Intervención de la Consejería de Hacienda, sin que en ningún momento se advirtiera la más mínima irregularidad o ilegalidad».
Añade, en este sentido, que le consta que al finalizar su mandato se realizó una «auditoría global» de la sociedad «e igualmente no se produjo ninguna tacha de irregularidad o ilegalidad en el funcionamiento de la sociedad».
En cualquier caso, Alfredo Prada considera que la libertad de ejercer un derecho, como es el de comparecer en una Comisión de Estudio, «no puede provocar de forma inquisitoria y amenazante, insultos, descalificaciones o presuntas injurias y calumnias» que atentan gravemente contra su honor. Dado que estas han sido pronunciadas por personas que «ostentan una altísima representación» en la Asamblea de Madrid, solicita «formalmente» el amparo de la presidenta Paloma Adrados.
Finalmente, se ofrece a «comparecer voluntariamente» en el ejercicio de su «libertad», si así lo estiman oportuno los miembros de la citada Comisión «a partir del 6 de Enero de 2016» por encontrarse «ausente de España hasta esa fecha».