Los suegros del exsecretario general del PP de Madrid y uno de los presuntos cabecillas de la trama de corrupción 'Púnica', Francisco Granados, dijeron desconocer la procedencia exacta del maletín con cerca de un millón de euros que la Guardia Civil encontró en un altillo de su dormitorio y afirmaron que a su domicilio accedían fontaneros y «gente» de Ikea, según confirmaron fuentes jurídicas.
Los suegros del exconsejero madrileño respondieron así durante la declaración que prestaron el pasado 21 de diciembre como imputados por blanqueo de capitales, al ser preguntados sobre el origen del maletín que guardaba esta cantidad de dinero en efectivo.
La explicación poco convincente que ofrecieron sobre el maletín que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizaron el pasado 18 de diciembre en su domicilio de Valdemoro ha sido uno de los motivos por los cuales el juez ha rechazado poner en libertad a Granados.
Granados se encuentra en la prisión de Estremera desde el pasado 31 de octubre, día en el que también ingresó en la cárcel su socio y amigo de la infancia David Marjaliza, quien ha aportado a la Audiencia Nacional la escritura de una finca en Valdemoro para intentar cubrir la fianza de 100.000 euros que le impuso el juez Eloy Velasco para salir de la cárcel.
El Juzgado Central de Instrucción número 6 está tasando la finca antes de acordar la puesta en libertad de Marjaliza, tras haber destacado su «dinámica de colaboración con la Justicia» durante la instrucción que le llevó a admitir hechos que se le atribuyen, aportar «evidencias documentales incriminatorias» y auxiliar al juzgado en «la recuperación de activos de origen delictivo».
El magistrado destacó que los investigadores han recibido informaciones procedentes de los testaferros del constructor y de sus «colaboradores más inmediatos», en referencia a su secretaria, Ana María Ramírez.
Granados y Marjaliza están imputados por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsificación documental y organización criminal.