El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado la libertad provisional del empresario de la construcción David Marjaliza, socio y amigo de la infancia del exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, tras dar por satisfecha la fianza de 100.000 euros que le impuso tras haber adoptado una «dinámica de colaboración» con la Justicia para esclarecer la trama de corrupción Púnica.
El magistrado ha dictado este miércoles un auto en el que impone a Marjaliza comparecencias quincenales en su juzgado o en el más cercano a su domicilio, le retira el pasaporte y le prohíbe salir del territorio nacional sin autorización judicial.
Finca de Valdemoro tasada en 176.795 euros
El instructor ha adoptado esta decisión tras declarar «bastante» la fianza hipotecaria de una finca de Valdemoro (Madrid), que ha sido ofrecida como garantía por su sobrina Paula Pinto Marjaliza y tasada por los peritos de la Audiencia Nacional en 176.795 euros.
El administrador único de la empresa 'Comienza en Blanco', Alfonso Luna, aportó 11.602 euros al haber sido declarada insuficiente la anterior garantía hipotecaria por no alcanzar el doble de la caución que fue fijada. Con todo ello, el magistrado permite a Marjaliza abandonar la prisión madrileña de Aranjuez en la que se encuentra desde el 31 de octubre de 2014.
Velasco decretó la prisión eludible bajo fianza del constructor el pasado 16 de diciembre, destacando que ha aportado «evidencias documentales incriminatorias» y auxiliado al juzgado en «la recuperación de activos de origen delictivo». Los investigadores han recibido informaciones procedentes de sus testaferros y «colaboradores más inmediatos», en referencia a su secretaria, Ana María Ramírez.
Marjaliza, al que la investigación atribuye un patrimonio de más de 33 millones de euros, la presencia en unas 150 empresas e incluso la construcción de un zulo para ocultar «obras de arte y dinero», está imputado por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsificación documental y organización criminal.
Estos delitos se atribuyen también al exconsejero madrileño Francisco Granados, el único de los miembros de la trama que permanece en prisión.
La Comunidad de Madrid como acusación
Velasco ha dictado otros autos en los que confirma su decisión de trocear en doce piezas el caso 'Púnica' y admite la personación de la Comunidad de Madrid como acusación particular, permitiéndole ejercerla de forma «singular e independiente a través de los letrados públicos». La Comunidad alegó que había sufrido perjuicios por el supuesto «sobrecoste» de los contratos y servicios adjudicados.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acepta el recurso de la Comunidad de Madrid al considerar «palpable y evidente» su diferencia de intereses respecto a la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular, y recordar que la administración autonómica «no es libre para designar el abogado que quiera», sino que debe actuar a través del cuerpo de letrados de la Comunidad de Madrid.
Un centenar de imputados
La 'operación Púnica' estalló en octubre de 2014 y, desde entonces, más de un centenar de personas se encuentran imputadas por participar en la adjudicación de contratos supuestamente fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación 'on line' en las comunidades de Madrid y Murcia, la Diputación de León y una decena de ayuntamientos.
Entre los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en la causa se encuentran, además de Granados, el exconsejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria; los antiguos titulares de Educación Lucía Figar y Manuel Pérez Gómez; o el ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás.