El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid ha decidido suspender «provisionalmente» la denuncia que pensaba presentar este miércoles contra Manuela Carmena y la concejal de Cultura, Celia Meyer, tras la «rectificación» del equipo de Gobierno por la retirada de monumentos franquistas. Los 'populares' habían solicitado la inhabilitación de la alcaldesa durante un tiempo de “entre 9 y 15 años” por el delito de prevaricación tras quitar “de forma intencionada” varios monumentos ajenos al franquismo que no vulneran la Ley de Memoria Histórica.
De hecho, el consistorio madrileño va a reponer la placa en reconocimiento y homenaje a ocho frailes carmelitas asesinados en 1936, situada en el cementerio parroquial de Carabanchel Bajo. El equipo de Gobierno admitió este martes su «error».
El grupo encabezado por Esperanza Aguirre basaba su petición en el artículo 404 del Código Penal. Dicho apartado concluye que “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”.
El PP defendía que se han retirado monumentos que no son franquistas. En concreto, se refiere a la retirada de una placa en el cementerio de Carabanchel en memoria de ocho frailes carmelitas, la del monolito del alférez provisional ubicado junto al Museo del Prado y la placa referida de José García Vara, asesinado un año antes del inicio de la Guerra Civil.
Además, los conservadores exigían la restitución de los escudos, insignias, placas u otros objetos ajenos a la dictadura franquista que ha retirado el Ayuntamiento “con consciente desprecio de la legalidad”. “Es obvio que las resoluciones administrativas son groseramente ilegales, y por tanto, merecedoras de un reproche penal”, advierte el escrito realizado por el portavoz adjunto del PP en el Consistorio, Iñigo Henríquez de Luna.
Vulneración a la Ley de Memoria Histórica
El PP hace especial incidencia en que la retirada de los símbolos no franquistas vulnera las exigencias del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica.
Respecto, a la retirada de la placa en el cementerio de Carabanchel, los populares señalan que no incluye ningún elemento de “exaltación alguno de la sublevación de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura”.
En segundo término, respecto al monolito al alférez provisional, se limita al recordatorio de las personas que encuadraron un colectivo “que luchó en uno de los bandos, tal y como por ejemplo hicieron las Brigadas Internacionales en el bando republicano y que cuentan con un momento en Madrid, en la Universidad Complutense”.
En cuanto a la placa de José García Vara, que fue asesinado más de un año antes del inicio de la Guerra Civil, el PP especifica que en el texto de la placa “únicamente se recordaba el aniversario de su asesinato”.
Desprecio al Patrimonio Histórico
Asimismo, los populares consideran un “desprecio consciente de la normativa en materia de Patrimonio Histórico, y por tanto con evidente ilegalidad”, la resolución de retirada de la placa del cementerio de Carabanchel. Este camposanto goza de la protección prevista tanto en la Ley de Patrimonio Español como de forma específica en la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid “por ser un cementerio anterior a 1936”. Esto implica, según la normativa, que debe solicitarse autorización previa a la Comunidad de Madrid, que es quien ostentan la representación en materia de patrimonio histórico.
Algo similar ocurre con la placa de José García Vara, situada en un edificio de la calle Arrieta, perteneciente al conjunto histórico de la Villa de Madrid, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y dentro de la denominada cerca de Felipe II. Cualquier actuación sobre el bien inmueble requeriría la previa autorización de la Comisión de Patrimonio Histórico de la Ciudad de Madrid, dependiente de la dirección general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.