El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado la puesta en libertad de los titiriteros Alfonso Lázaro y Raul García, después de que hayan pasado cinco días en la cárcel de Soto del Real por un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro contra los derechos fundamentales que habrían cometido durante una representación en el barrio madrileño de Tetuán con motivos de los carnavales en la que había público infantil.
El mismo magistrado que ordenó el pasado sábado su ingreso en prisión ha admitido el recurso de reforma presentado por la defensa de los miembros de la compañía 'Títeres desde Abajo', que ha sido apoyado ahora por la Fiscalía al entender que ha disminuido el riesgo de fuga y de reiteración delictiva al haberse incautado su material y haberse rescindido sus contratos.
El juez ha ordenado que presten comparecencias diarias en el juzgado y les ha prohibido salir del territorio nacional. Después de comprobar los argumentos de la defensa de los acusados, el juez considera que con su arraigo familiar, el conocimiento de sus domicilios, formación académica y actividades se infiere «que no tratarán de sustraerse a la acción de la Justicia, por lo que el riesgo de fuga queda muy mermado».
Discurso del odio
En el auto, dictado este miércoles, Moreno recoge la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para subrayar que el derecho a la libertad ideológica y de expresión protege aquellas ideas que pueden resultar «rechazables y molestas para una generalidad de personas», pero no alcanzan a «cobijar la utilización del menosprecio y el insulto contra personas o grupos, ni tampoco a la generación de sentimientos de hostilidad contra ellos». «Se oponen a ello el derecho a la dignidad de la persona, la igualdad y el honor», añade.
En este sentido, el magistrado recuerda que la libertad de expresión no puede ofrecer cobertura al denominado 'discurso del odio', que supone una incitación directa a la violencia, y advierte de que las escenas que los titiriteros representaron públicamente «constituyen a priori un modo de fomentar, promover o incitar al odio, hostilidad o violencia contra un determinado grupo de personas».
En cuanto a la comisión del delito de enaltecimiento, el juez destaca que «cualquier persona que lea la expresión incluida en el cartel exhibido por los investigados 'GORA ALKA-ETA' puede verificar que se está alabando o justificando a los terroristas o a los propios hechos» y añade que la exhibición con ocasión de una escenificación de una obra con guiñoles no supone por sí misma la despenalización de esta conducta.
La defensa de los titiriteros alegaba que se trataba de una pancarta de pequeño tamaño que uno de los guiñoles colocó a la bruja para incriminarla y que había obras de ficción más violentas como 'Rambo' o 'Pesadilla en Elm Street', así como multitud de obras clásicas, incluyendo las de Shakespeare o el 'Crimen y Castigo' de Dostoyevsky, en las que aparecen escenas sexuales explícitas y el asesinato de personas.
Aseguraron que la obra 'La Bruja y Don Cristóbal', en la que se veía el ahorcamiento de un juez o varios apuñalamientos, no estaba dirigida a un público infantil y se trató de «una sátira humorística representada con motivo de los Carnavales», que no se encontraba catalogada como espectáculo infantil, sino que se incluye en las denominadas de 'Teatro Popular'.