La Fiscalía ha rechazado que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena y la concejal de Cultura, Celia Mayer sean investigadas por enaltecimiento del terrorismo, al entender que «no ejecutaron actos ni vertieron expresiones» que permitan considerarlos responsables del delito que habrían cometido los titiriteros Alfonso Lázaro y Raúl García en los carnavales del distrito de Tetuán al mostrar durante su representación un cartel con la leyenda 'Gora Alka-ETA'.
El fiscal Pedro Rubira ha informado a favor de admitir a trámite las querellas presentadas por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ) como consecuencia de los actos acontecidos el pasado 5 de febrero durante la escenificación de la obra 'La bruja y Don Cristobal', de la compañía 'Títeres desde abajo', en la que se exhibió esa leyenda para referirse a las organizaciones terroristas Al Qaeda y ETA.
El Ministerio Público, que no considera necesario imponer fianzas a ambas asociaciones para ejercer la acusación puesto que el procedimiento se incoó a partir de un oficio de la Brigada Provincial de Información de Madrid, ha mostrado su disposición a tener por querellados a los titiriteros por un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro contra los derechos fundamentales y las libertades públicas.
La AVT se querelló también contra la alcaldesa, la concejala y el director artístico responsable de la programación del Carnaval Madrid 2016, Ramón Ferrero, al considerar que, «por los cargos administrativos y políticos» que ocupan en el consistorio, «tenían que conocer el contenido de la obra que se iba a representar».
Sin embargo, el fiscal invoca la doctrina del Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para subrayar que el delito de enaltecimiento del terrorismo requiere «un comportamiento activo» y tiene «naturaleza esencialmente dolosa e intencional».
A este respecto, añade que a la hora de exigir responsabilidad penal rigen los principios de legalidad y tipicidad, «sin que se puedan valorar supuestas conductas o responsabilidades administrativas o políticas».
La AVT consideró a la alcaldesa «la responsable última de todas las actividades que organiza el consistorio madrileño», mientras que DyJ acusó a los titiriteros de ensalzar a ambos grupos terroristas y llevar a cabo una «incitación directa de odio y violencia hacia determinados sectores como la judicatura o la Iglesia» cuando mostraron durante la escenificación «acciones violentas, como el ahorcamiento de un guiñol vestido de juez, el apuñalamiento de un policía y la violación de una monja», ante una nutrida concurrencia, sobre todo niños.
Alfonso Lázaro y Raul García quedaron en libertad el pasado miércoles tras pasar cinco días en la cárcel de Soto del Real por un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro contra los derechos fundamentales, después de que el juez Ismael Moreno admitiera un recurso de su defensa, con el visto bueno de la Fiscalía, y les impusiera comparecencias diarias en el juzgado más próximo a su domicilio, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.