El Consejo General de Dentistas insta al Gobierno de España a salvaguardar los derechos de los pacientes y de los profesionales que pudieran verse afectados por la detención este martes del propietario de la empresa matriz, Ernesto Colman, y a otras 10 personas, en una operación por un presunto delito fiscal.
Asimismo, insiste en reclamar que se articulen las acciones necesarias para que, si cesa la prestación del servicio, los pacientes puedan interrumpirse el pago de las cuotas financiadas «de manera inmediata» y se lleve a cabo la condonación del crédito suscrito. Del mismo modo, demanda para estos pacientes que tengan toda la información necesaria para poder proceder a tal efecto.
Como vienen denunciando desde hace tiempo, en el modelo de negocio de las franquicias es común que «prime el interés económico por encima de la salud de los pacientes y se caracteriza por utilizar campañas de publicidad muy agresivas con la intención de captar el mayor número de clientes (que no pacientes) y lograr que estos financien los tratamientos para percibir un beneficio económico de manera inmediata».
Por este motivo, consideran «absolutamente necesaria» la implicación del Gobierno en el sector de la Odontología, para lograr un cambio normativo que «haga posible que la mayoría del patrimonio social y del número de socios de este tipo de sociedades correspondan a socios profesionales, y así vincular la prestación del servicio al conocimiento y a la buena ética y praxis profesional».
De esta forma se evitaría que el control de las clínicas dentales estuviera en manos de empresarios ajenos al sector que lo que persiguen en la mayoría de las ocasiones es obtener el mayor beneficio en el menor tiempo posible», afirman.
Asimismo, la Organización Colegial insta a la Administración a que regule la publicidad sanitaria en todo el territorio nacional para erradicar los casos de publicidad engañosa y acotar las ofertas en el campo de la salud, «porque la salud de las personas nunca está de oferta».