La Comunidad de Madrid habría utilizado dos empresas públicas, el Canal de Isabel II y la Agencia Informática ICM, para realizar «pagos ficticios» a diversas empresas de la 'trama Púnica'. Dichos pagos, realizados entre 2012 y 2014, se usaron para mejorar la imagen 'on line' del expresidente madrileño, Ignacio González, y de los consejeros Salvador Victoria y Lucía Figar.
Así consta en el sumario de la trama liderada por el exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, cuyo secreto ha levantado este jueves el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Esta revelación llega en un momento extremadamente delicado para los 'populares' madrileños, después de que Esperanza Aguirre haya renunciado como presidenta de la formación y se haya designado a una gestora dirigida por Cristina Cifuentes.
Las empresas del informático Alejandro de Pedro, Eico y Madiva, recibieron una «facturación ficticia» a través del Canal Isabel II. Según la declaración de su hermano Adrián del pasado 27 de octubre de 2014, no se citaba a Indra ni tampoco supuestos pagos a dicha empresa; «tan sólo se cita que la facturación ficticia que se está pagando a Eico y Madiva se está haciendo a través del Canal de Isabel II».
La encargada de facturación, Guadalupe Caballero, también apunta a Alejandro De Pedro tras prestar declaración en calidad de testigo el pasado 5 de febrero de 2015. En dicha comparecencia, señaló que «la deuda que tenían las empresas de De Pedro con la Comunidad de Madrid de 140.000 euros le indicaron que la iba a pagar el Canal de Isabel II«.
El juez Velasco subrayó en un auto dictado el pasado junio que el exconsejero madrileño Salvador Victoria ordenó pagar a De Pedro y los traspasos de efectivo se realizaron «por parte de las empresas Canal de Isabel II, Indra o el empresario Sergio Ortega, sin aparente contraprestación, pero en función al cargo público que ostentaba en la Comunidad de Madrid».
El chalet de Marjaliza
Francisco Granados únicamente pagó una cuota de alquiler -de 3.000 euros en agosto 2007- de los 7 años de los que disfrutó junto a su mujer María Nieves Alarcón de un chalet situado en la urbanización «El Arenal de Marbella», en Málaga, del que era propietaria una sociedad de su socio el empresario David Marjaliza.
Así consta en un informe realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incluido en el sumario del 'caso Púnica'. Dicho informe señala que la investigación se inició tras el «afloramiento patrimonial» del matrimonio Granados en Suiza, que permitió estudia las operaciones inmobiliarias en las que él o su esposa habían tomado parte en relación con Marjaliza y el también exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno Torres.
En el 'caso Púnica' se investigan las «redes clientelares de tráfico de influencias» constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el 30 de octubre de 2014 a prisión por formar parte de una «organización criminal».