Los Juzgados de Plaza de Castilla han sido testigos del último episodio del conflicto entre la Policía Municipal y el concejal de Seguridad, Javier Barbero. Ha sido allí donde el colegiado Roberto Ruiz Casas, en representación del CPPM (Colectivo Profesional de la Policía Municipal), ha presentado una denuncia penal contra el edil por la posible comisión de un delito de injurias graves a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad previsto en el Código Penal. La acusación viene motivada por las declaraciones del concejal, que calificó como «grupo fascista» a los policías municipales que asistían a una concentración autorizada en la Plaza de la Villa.
El suceso ocurrió el pasado 14 de febrero durante una manifestación convocada por varios colectivos sindicales en señal de protesta por la desaparición de las UCS (antidisturbios de la Policía Municipal). La concentración se tornó en un escrache cuando el Concejal de Seguridad, Javier Barbero, fue perseguido a su salida del consistorio. El edil fue acosado e increpado verbalmente por los manifestantes que allí se encontraban, hasta el punto de tener que refugiarse en un restaurante de la zona.
Al final, el máximo responsable en materia de Seguridad en la capital abandonó el local escoltado para alejarse del altercado en su coche oficial entre gritos y abucheos. Posteriormente, el concejal declaró que los manifestantes eran «un grupo de fascistas» y afirmó que «estos señores no representan a la Policía Municipal». Son precisamente estas declaraciones las que han motivado la denuncia del CPPM en los Juzgados de la Plaza de Castilla.
El mismo sindicato destaca que siempre actúa en defensa de su colectivo, tanto en la Ciudad de Madrid como en la Comunidad. Asimismo, anuncian que denunciará toda actitud que atente contra sus derechos, «al margen de la ideología o color político». Para justificar esta afirmación, el CPPM recuerda que ya denunció por injurias al ex Secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Rodríguez, por afirmar que los policías municipales eran «unos chulos» y que «sólo servían para poner multas de aparcamiento».
La denuncia del CPPM responde a la apertura de una investigación por parte del mismo Javier Barbero para determinar si los insultos que recibió por parte de unos 300 policías municipales fuera de servicio suponían una incitación al odio. «Ésto es la guerra», declaran fuentes del sindicato con mayor representatividad dentro del Cuerpo Local.