El Ayuntamiento de Madrid decidió mantener una multa contra un ciudadano acusado de beber alcohol en la vía pública pese a que esta persona, tras ser denunciada por las autoridades, acudió a un hospital a hacerse una prueba de alcoholemia que dio negativa. Estos resultados fueron aportados en el proceso de alegaciones por el afectado, pero el consistorio madrileño los rechazó.
Este incidente figura en el informe anual del Defensor del Pueblo. Precisa que «el interesado, tras ser denunciado, se dirigió al servicio de urgencias del Hospital Gregorio Marañón de Madrid para que se le practicara una prueba de alcoholemia en sangre, dando como resultado la no detección de etanol».
«El informe médico fue remitido al Ayuntamiento de Madrid durante el plazo de formulación de alegaciones, pero ni fue tenido en consideración ni se acordó la apertura del período de prueba ni se pronunció motivadamente sobre su improcedencia», critica la institución que dirige Soledad Becerril.
El Defensor del Pueblo sugirió al consistorio que revocase la sanción y archivase las actuaciones sancionadoras por la inexistencia de la conducta típica prevista en la ley sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos de la Comunidad de Madrid.
No obstante, dicha sugerencia no fue aceptada por el Ayuntamiento, alegando que «el acta de inspección, que se había formalizado observando los requisitos pertinentes, gozaba de un auténtico valor probatorio y de presunción de veracidad».