Los guardias civiles José Oreja y Antonio Coronado, exasesores de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad e imputados en el caso de presunto espionaje a políticos de la región, han asegurado este viernes que en 2008 el exdirector regional de Seguridad Sergio Gamón les pidió, por orden del entonces vicepresidente primero Ignacio González, que espiaran e hicieran seguimientos a varios políticos y cargos públicos.
Así, además de los conocidos exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo, y el exvicepresidente segundo Alfredo Prada, también mandaron espiar a la entonces vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Cristina Cifuentes, al presidente delegado del Arpegio y a los primeros ediles de Madrid, Getafe y Fuenlabrada, Alberto Ruiz-Gallardón, Pedro Castro y Manuel Robles, respectivamente.
«En 2008 Gamón nos cita en su despacho en la calle Gobelas y en esa reunión participa él y también su subdirector, Miguel Castaño, los tres asesores de la Policía y los tres de la Guardia Civil y nos dice que por especial interés de González tenían que hacer unos objetivos, como Prada, Gallardón, Cifuentes, Cobo, Cabezas, Núñez y el presidente de Arpegio. Nosotros nos encomendamos a Prada», ha dicho Oreja.
Pero, según han alegado, en el momento en el que recibieron esas órdenes los tres asesores de Guardia Civil se entrevistaron con Francisco Granados y denunciaron los hechos, sin embargo, aseguran que el entonces consejero de Justicia no hizo nada.
«Le advertimos de que eso podía ser un delito. Desde entonces comienza el periplo de adversidades hacia nosotros hasta hoy. En el momento que nosotros denunciamos los hechos ante el consejero, la relación con Castaño y Gamón era tensa, pero desde entonces fue insoportable e infernal», ha añadido Oreja.
Pero este compareciente ha relatado, «basándose en las publicaciones«, que la cúpula de la Dirección de Seguridad estaba funcionando «incluso antes de haberse constituido» al servicio de Esperanza Aguirre y de su sucesor.
De hecho, ha indicado que en 2005 Gamón y un grupo «se dedicaron a actuaciones e investigaciones opacas e ilícitas al margen de la Ley por y para Ignacio González». «Lo que realmente pasó es que se instrumentalizó la cúpula de la Dirección. En este caso parece ser de don Ignacio González al servicio de la presunta corrupción», ha añadido.
El guardia civil ahora en excedencia cree que todo se enmarca «en mitad de una guerra sucia» de supuesto espionaje entre el sector de Francisco Granados e Ignacio González y ha citado para ello las publicaciones periodísticas y el libro sobre Método 3 conocidos mucho tiempo después.
«El amigo de Granados, el empresario Marjaliza, a través de dos empresas, contrata los servicios de Método 3 para hacer un dossier patrimonial en contra de Ignacio González, que contrata la misma empresa de seguridad para investigar a personas de su propio partido, según el libro 'El Método'», ha indicado.
José Oreja ha reconocido que entró como asesor en aquella época recomendado por el entonces concejal de Valdemoro Manuel Salguero, en septiembre 2007. «En ese momento aparecemos los tres asesores de la Guardia Civil y con esa realidad se atreven a mandarnos esa barbaridad y esa guarrería. No necesitaban de nosotros nada de eso y la única relación que saco es para implicarnos en un montaje y encubrir sus actuaciones y que después se filtrara a la prensa, como así sucedió», ha esgrimido.
Oreja ha revelado que tanto Prada como Granados no controlaban a sus directores de Seguridad, primero Sergio Gamón y luego Enrique Barón, que llegó tras la dimisión del primero tras la desaparición de un ordenador del Campus de la Justicia. «Alfredo Prada estaba en contra de ese nombramiento de Gamón porque le ninguneaba en los ayuntamientos. Por eso creo que fueron impuestos por Ignacio González», ha dicho.
El exasesor de Seguridad también ha contado que cuando se fue Gamón, uno de los asesores de la Policía Nacional volvió al Cuerpo mientras los otros dos, José Manuel Rodríguez González y Belén Espartero Rodríguez, «se permitieron el lujo de irse de vacaciones y desaparecieron durante más de tres años con medios de la propia Dirección de Seguridad como coche y teléfonos».
El exasesor entiende que todo esto «no se puede llamar de otra manera que presunta corrupción política» y ha aludido, entre otras cuestiones, a la conversación que mantuvo «gracias a la intermediación de Barón» Ignacio González con dos comisarios en la pastelería La Mallorquina supuestamente por el caso del ático de Estepona.
Por su parte, Coronado ha contado que mantuvieron una reunión en una finca de Valdemoro con Francisco Granados en la que les dijo que lo de los espionajes «era un montaje, que Barón había filtrado los documentos a la prensa y que a González le interesaba» si iban «a cantar o no porque él quería ser presidente». «Vimos que el montaje iba encarrilado hacia nosotros, un montaje para comernos todo eso y salvarse de penas todos», ha explicado.
En resumen, los dos guardias civiles que han comparecido en la comisión han asegurado que fueron Gamón y Castaño, después de negarse a los seguimientos, los que «preconstituyeron pruebas» contra ellos obligándoles a que fueran a determinados lugares y que así quedara reflejado en los posicionamientos de sus móviles. «Era insufrible la presión que sufríamos por parte de ellos», ha afirmado Oreja.
«En vergonzoso y aberrante que tres personas honradas estemos aquí condenados anticipadamente por toda la sociedad gracias a la guerra de presuntos corruptos políticos. Vamos a llegar hasta el final caiga quien caiga. Removeré las instituciones y si tengo la más mínima oportunidad tanto estatales como supranacionales y voy a llegar hasta el final», ha concluido el guardia civil.