La Mesa sobre comisión sobre corrupción política en la Comunidad de la Asamblea de Madrid ha decidido este martes continuar con el caso del supuesto espionaje a cargos del PP de Madrid y llamará a declarar para que comparezcan en la sesión del 18 de marzo a cuatro personas más.
Se trata de los policías nacionales y exasesores de Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la época de Francisco Granados Belén Esparcero y José Manuel Rodríguez; de la exmujer del inspector de Policía y exdirector de Seguridad de la Comunidad Sergio Gamón, Yolanda Laviana; y la del subdirector de Seguridad de la misa época, Miguel Castaño.
La Mesa de la comisión ha decidido, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos (C's) y con la abstención del PP estas comparecencias, que es obligatorias.
«Continuará el caso de los espías. Son personas muy metidas en la historia y después de lo que vimos tienen que darnos otro punto de vista de la historia porque aquí ha habido cuanto menos un uso peliagudo de las instituciones de la Comunidad de Madrid», ha dicho el portavoz de C's en esta comisión, César Zafra.
El portavoz de Podemos en la comisión, Miguel Ongil, ha señalado que «todavía queda mucho por investigar» en este caso. «No queremos que se alargue demasiado porque llevamos seis meses y todavía no hemos hablado de la Púnica, de la Gürtel, y de algunas prioridades que hemos puesto sobre la mesa desde octubre», ha manifestado.
Por su parte, desde el PSOE, la portavoz en la comisión, Encarnación Moya, ha declarado que esta decisión se debe a que los grupos parlamentarios creen que es «conveniente oír más declaraciones y opiniones» al respecto de lo que sucedió en la Comunidad de Madrid. Asimismo, ha señalado que pese a que se ha acordado que será solo una sesión más no están «cerrados» a que se lleven otras a cabo.
El portavoz del PP en la comisión, Alfonso Serrano, ha defendido la posición de su grupo ya que creen que tras escuchar a los tres comparecientes de la anterior sesión «no hay ninguna información nueva que no se haya conocido previamente». «No habría motivo para continuar con este tema máxima si cabe cuando ha habido una comisión al respecto hace unos años que se cerró», ha explicado.
En esta línea, ha criticado que por parte de algunos grupos haya «cierto morbo en inmiscuirse en la vida interna de un adversario político» pero ha señalado que «si realmente hay tantas cuestiones y tantos millones de euros defraudados en la Comunidad, estos grupos parlamentarios quieran centrarse en un tema como este».
La sesión del viernes y las conexiones
Durante la sesión anterior de la comisión, celebrada el 4 de marzo, comparecieron el técnico de la Dirección de Seguridad de la Comunidad de Madrid José Manuel Pinto; y a los guardias civiles José Oreja y Antonio Coronado, exasesores de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad. Los tres están imputados en el caso.
Los dos últimos señalaron que en 2008 Gamón les pidió, por orden del entonces vicepresidente primero Ignacio González, que espiaran e hicieran seguimientos a varios políticos y cargos públicos, entre los que citaron, además de los exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo, y el exvicepresidente segundo Alfredo Prada, a la entonces vicepresidenta de la Asamblea Cristina Cifuentes, al presidente delegado del Arpegio y a los primeros ediles de Madrid, Getafe y Fuenlabrada, Alberto Ruiz-Gallardón, Pedro Castro y Manuel Robles, respectivamente.
Pero, según han alegado, en el momento en el que recibieron esas órdenes los asesores de Guardia Civil se entrevistaron con Francisco Granados y denunciaron los hechos, pero el consejero de Justicia «no hizo nada».
«Le advertimos de que eso podía ser un delito. Desde entonces comenzó el periplo de adversidades hacia nosotros, que dura hasta hoy. En el momento que nosotros denunciamos los hechos ante el consejero, la relación con Castaño y Gamón era tensa, pero desde entonces fue insoportable e infernal», ha añadido Oreja.
José Oreja cree que todo se enmarca «en mitad de una guerra sucia» de supuesto espionaje entre el sector de Francisco Granados e Ignacio González.
El exasesor de Seguridad también contó el viernes que cuando se fue Gamón, uno de los asesores de la Policía Nacional volvió al Cuerpo mientras los otros dos, José Manuel Rodríguez González y Belén Espartero Rodríguez, «se permitieron el lujo de irse de vacaciones y desaparecieron durante más de tres años con medios de la propia Dirección de Seguridad como coche y teléfonos». Sin embargo, no aportaron ningún dato de la labor que realizaron los tres policías nacionales.
En resumen, los tres comparecientes señalaron el viernes que fue Gamón y Castaño, después de negarse a los seguimientos, los que «preconstituyeron pruebas» contra ellos obligándoles a que fueran a determinados lugares y que así quedara reflejado en los posicionamientos de sus móviles. «Era insufrible la presión que sufríamos por parte de ellos», concluyó Oreja.
Los comparecientes del viernes también citaron a Yolanda Laviana, cuyo testimonio, en calidad de testigo, ha sido incorporado a la causa judicial. De hecho, fue clave para que la Audiencia Provincial reabriera de nuevo este verano el asunto, cerrado por el Juzgado de Instrucción.
Además, uno de ellos afirmó que Gamón conoció a Esperanza Aguirre a través de su entonces mujer Yolanda, que fue secretaria de la expresidenta del PP. Luego se convirtió en su escolta y posteriormente fue nombrado director de Seguridad, cargo que dejó tras ser acusado de haber robado un ordenador del Campus de la Justicia perteneciente a una persona de confianza de Alfredo Prada.
Tras separarse de Gamón, Laviana concedió una entrevista al diario 'El País' en la que le acusó de informar al entonces vicepresidente primero, Ignacio González, de espionajes que presuntamente habrían hecho él y otro subordinados.