El exsecretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky, que fue patrono de la Fundación Madrid 2016, ha explicado hoy ante el tribunal que juzga el caso Nóos que el trabajo de defensa de la candidatura olímpica que hizo Iñaki Urdangarin era público, aunque él desconocía si estaba contratado para ello.
Lissavetzky ha señalado que los responsables de la candidatura entendían que podían contar con Urdangarin para apoyarla como deportista relevante y por sus relaciones internacionales.
En su declaración como testigo ante el tribunal que juzga el caso Nóos, Lissavetzky ha asegurado que mientras fue secretario de Estado para el Deporte entre 2004 y 2011 no conoció las actividades privadas de Urdangarin en el Instituto Nóos ni posteriormente en la Fundación Deporte Cultura e Integración Social (Fdcis), que fue la entidad que firmó un convenio con Madrid 2016.
Aunque participó en uno de los eventos organizados por Nóos, el Valencia Summit 2004 donde dio una ponencia y vio a Urdangarin, Lissavetzky ha dicho que entonces no sabía cuál era su papel allí: «Era miembro del COE y alguien con quien te ibas encontrando, pero no sabía decirle a qué se dedicaba exactamente».
La Fundación Madrid 2016, participada por el Ayuntamiento de Madrid, pagó 114.000 euros entre 2007 y 2009 en concepto de donación a la Fdcis.
«Igual que tantas personas, sobre todo deportistas brillantes, como medallista olímpico y miembro del Comité Olímpico Español y durante algún tiempo vicepresidente del mismo (…) se entendía que se podía contar con el señor Urdangarin así como con otros grandes deportistas (…) para intentar vender la candidatura», ha dicho.
El exsecretario de Estado ha contado que en las reuniones del patronato y en otras para hacer seguimiento de la estrategia internacional de la candidatura «se hablaba con normalidad» de las labores de Urdangarin, que tenía asignados varios miembros del COI para «intentar convencerles», como de otros deportistas o personas involucradas en el proyecto.
Según Lissavetzky, nunca trató de ocultarse esa colaboración de Urdangarin, que estuvo en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 apoyando la candidatura de Madrid. «Sabía perfectamente quien era y el papel que estaba, entre otros, desempeñando allí», ha detallado.
Ha señalado que no hubo salvedades a los contratos de la Fundación Madrid 2016: «Nunca oí nada, un malestar, queja o sensación de que no funcionaba bien».
En la cuadragésima quinta jornada del juicio de Nóos han declarado nueve testigos, entre ellos también un directivo de Mixta África, una de las empresas de las que Urdangarin cobró como asesor y además percibió un bonus de 125.000 euros en acciones.
Ha señalado que Urdangarin era «un embajador de la compañía que intentaba la generación de negocios, vinculada a la generación de oportunidades de negocio» en África, y ha indicado que prestaba su labor de consultoría a través de la empresa Aizoon.
También ha testificado hoy la exconcejala del PSOE del Ayuntamiento de Valencia Ana Botella, citada por la acusación popular en nombre del grupo socialista para defender su criterio de que la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), que cofinanció los foros del Instituto Nóos, se regía como una entidad privada pero debió actuar como empresa pública.
Botella ha relatado las dificultades que le puso el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau para acceder a información y ha admitido que no tuvo conocimiento directo de los Valencia Summit cuando se celebraron (2004, 2005 y 2006) porque aún no era concejala.
Más indirecto era el conocimiento del siguiente testigo, el también concejal socialista, Salvador Broseta, que continuó la labor de indagación de Botella a partir de 2011.
Tras él ha prestado declaración la ex jefa de prensa de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia Rocío Casanova, que ha defendido que en la parte que a ella le correspondía, la repercusión mediática de los eventos, los Valencia Summit se justificaron, aunque el impacto de los fotos en medios de comunicación lo midió el propio Instituto Nóos, no la entidad que los pagó.
Efe